El dolor como método de tortura: 13 reos políticos han sufrido la pérdida de un familiar dentro de un calabozo

Para un prisionero político lo más difícil de afrontar cuando fallece un ser querido es que se le niegue hasta el derecho a ser informado, dice Chester Membreño, excarcelado originario de Masaya quien vivió esa experiencia en el año 2019.

Membreño llevaba seis meses de encierro en la cárcel cuando su madre, Aura Cela Palacios (68 años), falleció por un problema en el corazón tras pasar dos meses de complicación médica por la detención de su hijo, pero no fue avisado.

El delito de Membreño fue liderar las protestas sociales en su natal Masaya en abril de 2018. La última vez que la señora vio a su hijo fue en noviembre de 2018, cuando llevaba ya cuatro meses de detención. Murió el 9 de enero y para entonces se convirtió en la cuarta madre que fallecía sin lograr la libertad de su hijo. 

“Sentí un dolor inmenso en el pecho, pasé llorando, sentí que me iba a morir”, narra Membreño el momento en que conoció que su mamá había muerto. Lo supo hasta el día siguiente al entierro por un reo común que acababa de ver la información en el noticiero de la noche de un canal local. Posteriormente otros detenidos le confirmaron la noticia, “y caí a la realidad que era verdad aquella pesadilla”. Él estaba en las celdas del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocida como La Modelo, cuyas autoridades, a pesar de tener conocimiento del deceso, no le comunicaron.

Al drama que vivió el exreo político, se suma el líder estudiantil Max Jerez, cuya mamá falleció el recién pasado viernes 17 de septiembre tras permanecer un mes internada en un centro hospitalario de la capital Managua. Las autoridades negaron un permiso para que el presidente de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) pudiera verla con vida. Tampoco cedieron al pedido de permitirle que asistiera al funeral. 

UNA FORMA DE TORTURA

Para los defensores de derechos humanos, negarle el permiso a un encarcelado para atender una situación de esta naturaleza, además de ser inhumana, evidencia que usan el dolor como método de tortura.

En el caso de Chéster Membreño, justo el día del entierro de su mamá, las autoridades penitenciarias lo aislaron todo el día. Primero lo trasladaron a los Juzgados de Managua sin ninguna razón, allí pasó en los calabozos ubicados en el sótano del edificio.  No hubo comida, ni información del motivo de la “visita” a los juzgados.

“Luego me regresaron a mi celda tipo 5 de la tarde y comí algo y me volvieron a sacar y fui a una entrevista con el Comité de la Cruz Roja Internacional, estuve como dos horas”, recuerda el expreso político. “El jefe de máxima seguridad Roberto Guevara me estuvo haciendo preguntas en la entrevista con la Cruz Roja a ver si al regresar me habían informado algo (de la muerte de su mamá)”, recuerda. 

Unos días después de la muerte de su mamá, la jueza segunda de distrito penal de juicio de Managua, Adela Cardoza, lo condenó a 30 años de cárcel, 20 por terrorismo, y 10 por otros delitos; pero cinco meses después, en junio del 2019, fue liberado bajo la cuestionada Ley de Amnistía mandada a aprobar por Daniel Ortega.

EL CASO DE MAX JEREZ

“Lo más difícil de esa situación es que a uno no le comunican el deceso de su familiar”, reitera Membreño quien considera que una situación similar debe de estar viviendo Max Jerez. “No tienen la decencia de informar. Lo más seguro, es que Max Jerez aún no sepa que su mamá falleció”, agrega.

Los abogados de Membreño al igual que los de Jerez también gestionaron los permisos, y nunca obtuvieron respuesta. La madre de Max, falleció el pasado viernes en horas de la tarde, sin poder despedirse de su único hijo, quien está preso desde el pasado 5 de julio en las celdas de El Chipote, acusado por el régimen de Ortega de “conspiración contra la integridad nacional”.

La salud de Heidi se complicó a las pocas semanas del encarcelamiento del joven opositor, por lo que fue trasladada a un centro hospitalario, en el que permaneció internada más de un mes, a causa de un derrame pleural y de neumonía.

Con el caso de Max ya suman 13, las historias de presos políticos a los que el régimen no les ha permitido despedirse de sus seres queridos. Según una lista que publicó la abogada Yonarqui Martínez, el preso político Marvin Vargas, "El Cachorro", quien guarda prisión desde el 2011, no pudo dar el último adiós a su mamá, Juana Petrona Herrera. 

“El Cachorro” sigue recluido en la cárcel, denuncia.

OTROS CASOS

También al periodista Miguel Mora Barberena, durante su primer encarcelamiento, se le negó el derecho de asistir al funeral de su abuelita, Olinda Barberena, cuyas exequias fueron en febrero de 2019. Misael Escorcia, de 18 años, guardaba prisión cuando en noviembre del 2018 se enteró del fallecimiento de su mamá, Martha Rocha. 

Dos semanas después, murió Carmela Arteta, progenitora del reo político Alfonso Morazán Castillo. A ellas les siguió Martha Bucardo, el 16 de diciembre, quien fue sorprendida por un infarto que le arrebató la posibilidad de volver a estar con su hijo y con su nieto, Francisco y Bryan Pérez, ambos apresados por el régimen y oriundos del departamento de Carazo.

En enero de 2019 falleció doña Aura Palacios García, anhelando la liberación de su hijo Chester Membreño, quien actualmente se encuentra en libertad. El mismo infortunio vivió Petrona Domínguez, cuyo hijo, Wilfredo Brenes, sigue capturado por el régimen Ortega- Murillo.

Otros reos de conciencia que han perdido a sus progenitores son Richard Saavedra, Julio Pineda, Róger Espinoza y Hader González. “A todos ellos se les privó el derecho de ver a sus familiares en estado grave y han fallecido, los internos no pierden sus derechos, los jueces y autoridades deben de resolver oportunamente en estos casos”, explicó la abogada Martínez en sus redes sociales.

EVIDENCIA PERVERSIDAD DE LA DICTADURA

Tras conocerse el deceso, y la negativa del régimen a un permiso a favor de Jerez, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), condenó la decisión de Ortega y la calificó como un “acto perverso” y como “otra forma de tortura contra los detenidos por razones políticas y sus familias”.

Vilma Núñez, presidenta del organismo, consideró que Ortega además de ser un régimen dictatorial y terrorista, mostró también la falta de humanismo. “Aquí no hay argumentos legales para calificar en su verdadera dimensión la crueldad que representa este hecho”, indicó la defensora de derechos humanos. Legalmente, era obligación de los “carceleros” permitirle al joven ir al centro asistencial para despedirse de su madre.

En ese sentido, Núñez invocó el documento denominado “Reglas mínimas para el tratamiento del recluso”, el cual fue adoptado en el primer congreso de las Naciones Unidas en 1955, y en el que establece que se debe de informar al recluso inmediatamente del fallecimiento o de la enfermedad grave de un pariente cercano.

“En caso de enfermedad grave de dicha persona, se le deberá autorizar, cuando las circunstancias lo permitan, para que vaya a la cabecera del enfermo, solo o con custodia”, señala uno de los puntos del documento. Según Núñez, Ortega ha implementado esta actitud “deshumanizada” en reiteradas ocasiones, ya que al menos unas seis madres han fallecido sin ver poder ver por última vez a sus hijos presos por razones políticas. 

Las madres se han quedado con la imagen de sus hijos vestidos de azul en las cárceles del país, y quienes no han tenido la dicha de realizarles visitas, guardan para sí la última vez que hablaron con ellos previos a su detención. Como Max Jerez que lo último que logró decirle a su progenitora fue: “Mamá, creo que hoy me detienen, sea fuerte. Esté preparada”. No hubo abrazos, ni llantos de despedida.