Human Rights Watch denuncia "condiciones abusivas de detención" de los presos políticos en Nicaragua

La organización Human Rights Watch denunció este lunes que los más de 36 líderes de la oposición, detenidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se encuentran en “condiciones abusivas ” ya que son sometidos a agotadores interrogatorios, aislamiento prologando y alimentación insuficiente. Además, afrontan cargos sin que la Fiscalía aporte pruebas que fundamenten los cargos.

La organización interamericana considera que la detención de los 36 críticos es una persecución por “motivos políticos” y en represalia por su oposición al régimen. Esta ola de arrestos que implementó el régimen de Ortega y su esposa la vicepresidente Rosario Murillo, desde el pasado 28 de mayo, se da en un contexto de elecciones generales, programadas para el próximo 7 de noviembre, señala el más reciente informe sobre derechos humanos,

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De los 36 apresados, siete habían mostrado sus aspiraciones para postularse como candidatos a la Presidencia. Los familiares de los detenidos denunciaron que sus parientes estaban en condición de “desaparecidos” porque desde que fueron arrestados se desconocía su paradero y en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) no les daban noticias de su condición. Fue hasta el pasado 31 de agosto, que el régimen permitió por primera vez breves visitas.

Los detenidos son acusados por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, lavado de dinero entre otros delitos. Las audiencias se llevan a cabo en El Chipote, donde la Policía Orteguista tiene el control absoluto de las instalaciones y no en el Complejo Judicial de Managua a como establece las leyes.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch dijo que la “velocidad” con la cual Ortega ha ejecutado las detenciones de los opositores ante de las elecciones de noviembre próximo, “sometiendo a sus críticos a condiciones horrorosas de detención” y señalándolos de delitos “sin ninguna base ni debido proceso", revela que "no tiene la más mínima intención de perder los próximos comicios”.

Vivanco demandó la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y además hizo un llamado a la comunidad internacional para redoblar la presión contra el régimen de Ortega de modo que se aumente "el costo de sus prácticas abusivas”.

El informe indica que, a partir de agosto, Human Rights Watch, realizó al menos 19 entrevistas telefónicas con 19 personas para examinar 28 de los 36 casos de detenciones arbitrarias desde fines de mayo. Examinaron fuentes oficiales, incluyendo comunicados de prensa del Ministerio Público y la Policía, documentos judiciales, artículos de prensa y publicaciones de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, para corroborar sus testimonios.

Para el organismo el “confinamiento solitario prolongado” es un acto de tortura y está prohibido por el derecho internacional.
Los familiares luego de la breve visita a los detenidos denunciaron que son sometidos a torturas psicológicas, tiempo muy limitado a ejercicio al aire libre, interrogatorios sin la presencia de sus abogados y aislamiento prologado.

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FISCALES REPITEN LA MISMA ACUSACIÓN

Desde finales año pasado, el régimen por medio de la Asamblea Nacional, ha aprobado leyes represivas, entre ellas la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que fue utilizada para detener a la mayoría de los opositores acusándolos de “traición a la Patria”, también reformaron el Código Procesal Penal, cuyos cambios permitieron mantener a los opositores detenidos hasta 90 días sin acusarlos.

“La mayoría de los críticos han sido procesados por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” en procesos que no cuentan con las garantías más básicas del debido proceso”, expone el informe, el cual agrega que las autoridades impidieron a los abogados defensores tener acceso a los expedientes judiciales y a los opositores.

Por otro lado menciona que en los casos que pudo examinar las acusaciones no identificaron acciones que sustentaran los cargos contra los opositores y los actos señalados frecuentemente eran comportamientos protegidos por los estándares internacionales de derechos humanos sobre libertad de expresión.

El documento señala que, en muchos casos, “los fiscales repetían textualmente las mismas acusaciones contra diversas personas en distintos expedientes” y justificaban la acusación apoyándose en declaraciones a medios de comunicación, compartido mensajes de WhatsApp, “participado en reuniones o firmado cartas en las cuales expresaban su apoyo a las sanciones contra funcionarios nicaragüenses, pedían elecciones libres o exigían la condena internacional de los abusos que comete el gobierno”.