Corte IDH mantiene medidas provisionales para los miembros del Cenidh y CPDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte- IDH), emitió una resolución este miércoles donde mantiene las medidas provisionales que otorgó en favor de los miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), en octubre del 2019.

El organismo reitera que el Estado de Nicaragua debe de implementar a lo inmediato las medidas "que sean necesarias para proteger la vida y la integridad personal" de los beneficiarios. Pero además indica que el Estado de Nicaragua debe de rendir un informe a la Corte IDH, a más tardar el 4 de octubre sobre las medidas que adopte para cumplir esta resolución.

"El Tribunal recuerda que las medidas provisionales ordenadas por el Pleno de la Corte el 14 de octubre de 2019, tienen como objetivo garantizar eficazmente la vida y la integridad personal de las y los integrantes del Cenidh y de la CPDH, así como asegurar la continuidad de sus labores en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de hostigamientos, amenazas o agresiones", expone parte de la resolución.

Pero el régimen de Daniel Ortega, no ha respetado esta resolución ya que el pasado 29 de julio detuvo a María Oviedo, quien se desempeñaba como coordinadora del equipo jurídico de la CPDH. En un primer momento la Policía orteguista, la detuvo y la señaló de "traición a la Patria", luego el Ministerio Público la acusó de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

Mientras que a Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, Migración y Extranjería le impidió salir del país a inicios de agosto y le retuvo su pasaporte sin ninguna justificación legal para implementar estas restricciones. Las instalaciones de dicha sede son asediadas por efectivos policiales. También la organización ha expuesto que se encuentra "bajo amenaza" de que el Ministerio de Gobernación le suspenda o cancele su personería jurídica utilizando la Ley de Agentes Extranjeros.

Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, indicó que la Corte- IDH, en su último periodo de sesiones, emitió la resolución ya que se mantiene “en riesgo” la vida de defensores de derechos humanos.

“Le vuelve a ordenar (a Ortega) que implemente las medidas de acuerdo con los beneficiarios o sea no puede decir aquí te vengo a proteger y poner a un grupo de policías, sino que tiene que acordarlas con nosotros”, expuso Núñez.

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FALTA DE VOLUNTAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS

Según los beneficiarios con las medidas, el incumplimiento de parte del régimen de Daniel Ortega, pone de manifiesto "la falta de voluntad del Estado de implementar algún tipo de protección" para los defensores de los derechos humanos y destacaron que persiste una situación de “riesgo extremadamente grave de materializarse daños irreparables a sus derechos”.

Además señalaron que los miembros del Cenidh son objeto de ataques contra su vida e integridad física y emocional a través de las redes sociales como de los medios oficialistas. Varios defensores de derechos humanos han abandonado sus hogares para salvaguardar sus vidas, "lo cual incluso implicó continuar con sus labores de defensa desde el exilio".

La Corte IDH, expresa que el Estado de Nicaragua debe de garantizar que las "medidas específicas de protección se establezcan con la participación de las y los beneficiarios y se evite, en la medida de lo posible, que sean brindadas por los funcionarios de seguridad que, según las y los beneficiarios, están involucrados en los hechos".

Núñez que la Policía no les puede brindar protección ya que está señalada por ellos como “involucrados en los actos de agresión”.

El régimen de Daniel Ortega ha ignorado las resoluciones de la Corte-IDH, a finales de agosto de este año, no se presentó a las audiencia pública que convocó el organismo para supervisar el cumplimiento de las medidas urgentes que otorgó en favor de los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como a los dirigentes opositores José Adán Aguerri, Tamara Dávila y Violeta Granera. Una de las medidas ordenaba la liberación inmediata de los detenidos y la otra es la adopción de medidas para proteger la la vida, integridad y libertad personal de los líderes y de sus núcleos familiares.

Esta situación se da en un año electoral donde el régimen de Daniel Ortega desde el pasado 28 de mayo inicio una ola de detenciones que tiene bajo arresto al menos a 37 opositores, 7 de los cuales habían manifestado interés de postularse como candidatos a la Presidencia. Estos comicios, según la oposición, sin las garantías mínimas para que sea un proceso justo, transparente, observado y creíble.

Ortega busca la reelección de su cuarto mandato consecutivo y el segundo junto a su esposa y vicepresidente Rosario Murillo.