Colombia se defiende en La Haya: "Todos los reclamos de Nicaragua carecen de fundamento y son artificiales"

Colombia respondió este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) a la demanda de Nicaragua sobre Supuestas Violaciones de Derechos soberanos y espacios en el mar Caribe expresando un rotundo rechazo: "Todos los reclamos de Nicaragua carecen de fundamento y son artificiales. Se basan en palabras”, sostuvo el abogado Manuel José Cepeda, integrante del equipo jurídico del país sudamericano.

La defensa de Colombia que inició a eso de las 5 de la mañana hora de Nicaragua se centró en descalificar el reclamo de Nicaragua, asegurando que Bogotá ha respetado el fallo emitido por la CIJ en 2012, calificado como favorable a Nicaragua porque se le reconoció soberanía sobre un espacio marítimo de 75,000 kilómetros cuadrados que pasarían a ser parte de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

El agente colombiano insistió en que en sus argumentos Nicaragua no demostrado que Colombia ha violado sus derechos soberanos. Cepeda, incluso calificó de precarias y distorsionadas las pruebas aportadas por el equipo defensor nicaragüense, lo que a su juicio "hacen pensar que ni en 2013, ni ahora Nicaragua tiene un caso serio".

LA QUEJA DE NICARAGUA

Las audiencias orales en La Haya en el marco del tercer caso Nicaragua contra Colombia, iniciaron el lunes 20 de septiembre con la presentación de alegatos por parte de Nicaragua.

El equipo de Nicaragua aportó siete grabaciones de radio y declaraciones de miembros de la Armada de Colombia como pruebas de las presuntas violaciones a su soberanía en las aguas del mar Caribe. El doctor Carlos Argüello dijo ante el tribunal que los hechos evidenciados en el material multimedia no son aislados, sino que forman parte de una práctica “consistente” de parte de Colombia. 

A este “incidente” habrían sucedido otros similares registrados el 23 de marzo, 7 de abril y 12 de septiembre de 2015. Otro más el 12 de enero de 2016, el 6 enero de 2017 y el 10 de diciembre de 2018. 

No obstante, en su comparecencia oral, Colombia rechazó la queja de Nicaragua sobre las acciones de la armada de ese país que supuestamente impiden faenar a los barcos pesqueros nicaragüenses, señalando que más bien Nicaragua está interfiriendo "con los derechos de pesca de los indígenas" ya que la pérdida de de espacio marítimo ha afectado a la comunidad los raizales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores había adelantado que este miércoles entregarían los detalles sobre el derecho de los raizales de las islas del archipiélago a pescar en los bancos tradicionales.

Además, señaló que también rechazarían "la pretensión de Nicaragua de adjudicarse de manera unilateral áreas marinas que no le pertenecen, mediante la expedición de un decreto a partir del cual mide equivocadamente sus espacios marítimos en el mar Caribe”.

"Defenderemos nuestros derechos con la legitimidad que nos otorga nuestra Constitución y el derecho internacional. Acudimos a la Corte de La Haya para hacer valer tales derechos. De acuerdo con la Constitución colombiana los límites solo se pueden modificar mediante un tratado. Así lo ha ratificado la Corte Constitucional”, expresó el Gobierno de Iván Duque en una nota oficial.

EL CUESTIONADO FALLO

La sentencia de la CIJ determinó que el mapa de los territorios que Colombia alegaba como propios cambiara radicalmente, pues sus límites deberían pasar del meridiano 82º al 79º, reconociéndole a Nicaragua soberanía y derechos marítimos en 531 kilómetros hacia el este, hasta las 200 millas náuticas contadas desde sus costas. El anterior deslinde, Colombia lo estableció basándose en su interpretación del Tratado de 1928.

El fallo confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente, por lo que fue rechazado por Colombia.

Si bien Nicaragua obtuvo un fallo a favor sobre el dominio de ese territorio en La Haya, las autoridades de Colombia han insistido en que el límite es algo que debe establecerse mediante acuerdo bilateral.

Las vistas orales continuarán hasta el próximo 1 de octubre. Se espera que la Corte emita una sentencia entre marzo y abril de 2022.