Familiares de presos políticos exigen visitas en El Chipote, juicios públicos y fin de interrogatorios

Los líderes opositores, empresarios, periodistas, campesinos y aspirantes presidenciales detenidos por la dictadura de Daniel Ortega desde el mes de mayo continúa en aislamiento e incomunicación, denunciaron este jueves sus familiares, quienes exigen a la Policía Orteguista el establecimiento de un calendario de visitas que han sido ordenadas por el Poder Judicial. 

En una declaración conjunta emitida este jueves, los familiares de más de 30 presos políticos recordaron que la dictadura solo les ha permitida una visita a los detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el “Nuevo Chipote”. 

En la única vez que se les permitió verlos, “fueron evidentes las condiciones extremas a las que están siendo sometidos, que están afectando gravemente su estado de salud físico y mental, y que constituyen actos de tortura”.  

“Ha transcurrido desde entonces casi un mes de un mutismo absoluto, en el que no hemos tenido información alguna de su estado, a pesar de que los jueces en las resoluciones de las audiencias apercibieron a Auxilio Judicial de que las visitas y entrevistas con familiares y defensa técnica deben realizarse”, indican.  

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De nada han valido las múltiples peticiones verbales en Auxilio Judicial, en donde los escritos si siquiera han sido recibidos. Ni la defensa, ni familiares han tenido ningún tipo de comunicación directa de parte de ninguna de las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial  en “El Nuevo Chipote”.  

“Con angustia y sentido de urgencia, alertamos sobre el riesgo inminente de daños irreversibles a la integridad física y psicológica de nuestros familiares. Tememos aún más por su vida. A pesar de la situación de desnutrición severa y hambre en que los encontramos, persiste la negativa al ingreso de alimento, adicionalmente continúan pidiendo medicinas que evidencian malestares gastrointestinales y vértigos, vinculados a su deficiente alimentación”, denuncian. 

IRREGULARIDADES JURÍDICAS 

La dilación y obstaculización al ejercicio de la defensa de los presos políticos continúa. Sus causas no aparecen aún reflejadas en el sistema del Poder Judicial “con el objetivo de invisibilizarles y mantener su indefensión”.  

Se han solicitado las copias de las supuestas pruebas presuntamente presentadas por la Fiscalía sin que dicha institución las facilite, ni acepte los escritos pidiéndolas. 

En audiencia inicial, los judiciales reafirmaron el derecho a recibir las visitas de sus familiares y garantizar las entrevistas con las y los abogados defensores. Pese a esto, las autoridades en la Dirección de Auxilio Judicial omiten cumplir con lo ordenado por los jueces de audiencia.  

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“Estos derechos constitucionales, deberían ser garantizados sin necesidad de orden judicial, constituyéndose tales hechos, una abierta violación a los derechos fundamentales de nuestros familiares detenidos”, señalan los familiares. 

DEMANDAS 

Finalmente presentan al régimen de Daniel Ortega una serie de peticiones en las que se incluye el establecimiento de una calendario claro de visitas periódicas y frecuentes en condiciones de privacidad, sin acoso a familiares, incluyendo el acceso a hijas e hijos pequeños a comunicarse con sus padres/madres.  

Piden que se respete el derecho a la defensa y que se permitan entrevistas libres y privadas con sus abogados defensores.  

Que las familias puedan proporcionarles al menos un tiempo de comida al día para garantizar alimentos sanos, completos y alineados con sus necesidades particulares.  

Demandan el cese inmediato del aislamiento y cese a los interrogatorios sin la presencia de sus abogados y que sean recibidas frazadas, colchas, y ropa de abrigo para reducir el frío que sienten todas las noches.  

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Además, quieren garantías de entrega de paquetería y objetos básicos y necesarios en régimen carcelario (material de lectura, lentes, etc), de tal manera que puedan manejar en sus celdas alimentos, bebidas, ropa y artículos de cuidado personal de manera independiente y autónoma.  

Finalmente, insisten en que los juicios sean públicos, como ordena la Constitución de Nicaragua, así como el ingreso de familiares y medios de comunicación a los mismos. 

En el marco del proceso electoral, la dictadura ha arrestado o enviado a juicio a 37 dirigentes opositores y profesionales independientes, incluido siete que anunciaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia en los comicios del 7 de noviembre.

En esos comicios, el dictador Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista próximo a cumplir 76 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, busca su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.