Amaru Ruiz no se someterá a la "justicia" de la dictadura

El ambientalista Amaru Ruiz denunció este jueves la criminalización a su labor de defensor de derechos humanos y ambientales en Nicaragua de parte del régimen de Daniel Ortega, que lo acusa del delito de “propagación de noticias falsas”, basándose en la cuestionada Ley Especial de Ciberdelitos que fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado en octubre del año pasado.

Amaru, sobre quien también pesa una orden de captura de parte del régimen de Ortega, indicó que la denuncia que interpuso ante el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, es el primer paso ya que también expondrá el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos entre otros organismos.

“Los antecedentes inmediatos a esta acusación que hace el Ministerio Público de Nicaragua en contra mía y la orden de captura emitida por el Ministerio Público también, solo representan una actuación más del régimen Ortega-Murillo para acallar el trabajo y la labor que veníamos realizando desde Fundación del Río y como defensor de derechos ambientales y derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes”, declaró Ruiz en una conferencia de prensa virtual.

El ambientalista lamentó que en Nicaragua no se “vive en un estado democrático” y por eso no “se atreverá a viajar” al país para enfrentar el proceso judicial en su contra.

“Sabemos que el sistema judicial está coaptado, sabemos que ellos criminalizan y han criminalizado tanto a personas de la oposición, personas de medios de comunicación y defensores de derechos humanos. No es posible enfrentar esta acusación en el país porque no hay garantías democráticas de un debido juicio y proceso”, manifestó el presidente de la organización.

La acusación del Ministerio Público se basa en que supuestamente Ruiz, brindó “información falsa” de dos masacres de indígenas, la primera ocurrió en enero del 2020, en la comunidad de Alal, donde fueron asesinados al menos cuatro comunitarios y la segunda el 23 de agosto del 2021, donde perecieron al menos 12 indígenas. Ambas masacres ocurrieron en el territorio Mayagna Sauni As, en el municipio de Bonanza, en la Costa Caribe Norte.

“Estos hechos se dieron en estas comunidades, nosotros tenemos evidencia, testimonios, fotografías”, detalló el ambientalista.

FONDOS VERDES EN RIESGO

Expuso que el mensaje que está enviando el dictador es que quiere acallar las voces disidentes y que en el país impere la política del miedo, hacia los liderazgos comunitarios y las comunidades indígenas que se han “atrevido a quitar la censura mediática para seguir denunciando la actuación de los colonos en esos territorios y la negligencia y complicidad de las instituciones del Estado que han permitido llegar a estos síntomas de violencia que están ocurriendo en esas zonas”.

Ruiz considera que la acusación es para deslegitimar las vocerías que denuncian la deforestación de los bosques y la invasión de colonos a los territorios indígenas, mientras el régimen solicita financiamiento a través de los Fondos Verdes, pero no toma medidas para resolver estos fenómenos.

“Eso demuestra una negligencia y los pone en evidencia a nivel internacional. Ellos están actuando en función de tratar de deslegitimar las vocerías que denunciamos la situación ambiental y de derechos humanos en esos territorios para tratar de encubrir su complicidad frente a estos hechos, y eso es para que no les cancelen los Fondos Verdes que en diferentes entidades están solicitando”, explicó presidente de la Fundación del Río.

Ruiz sostiene que la masacre de agosto se este año, se pudo evitar, pero la policía desoyó la denuncia de los comunitarios. La Policía informó 15 días después de los hechos que capturó a tres de los 14 presuntos asesinos, y solo reconoció a nueve de las 12 víctimas.

Mientras que, en la masacre de enero del 2020, no hay nadie detenido, lo manda un mensaje de “negligencia e impunidad” del actuar de la Policía.  También expuso que otros de las instituciones involucradas en el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), la cual no frena el despale en la zona y el Ejército de Nicaragua con su Batallón Ecológico no ha actuado para desarmar a las “bandas criminales” que están ingresando a la zona.

El primer financiamiento que dejó de percibir fue por un monto de 55 millones de dólares del Fondo de Carbono de fondos del Banco Mundial ya que no cumplió con salvaguardas sociales y ambientales.

También están en juego si se continúan presentando violaciones a los derechos humanos en esos territorios, el financiamiento vinculado al Fondo Verde del Clima el cual está aprobado al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y al régimen.

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ACUSACIÓN EN MANOS DEL JUEZ HENRY MORALES

La Fundación del Río acompaña a las comunidades indígenas en la denuncia de invasión de sus tierras por parte de colonos armados, además han demandado el saneamiento de las zonas. El presidente de la organización, quien se encuentra en el exilio, expuso que la acusación no ha sido notificada en ninguno de sus domicilios en Nicaragua y se entero de la acusación por los medios de comunicación.

La acusación esta radicada en el Juzgado Sexto Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua a cargo del juez Henry Morales y fue presentado como un caso penal el pasado 7 de septiembre del presente año. Ruiz, expuso que han tratado de conseguir el texto de la acusación, pero no se las han proporcionado, tampoco de las pruebas que presentar para sustentar el señalamiento.

Carlos Guadamuz, abogado del organismo repudió y condenó la persecución del Ministerio Público en contra de Ruiz, agregó que la acusación pretende evitar que los ciudadanos exijan la rendición de cuentas así como "establecer y perpetuar la impunidad, anular los procesos de mecanismos de acceso a la justicia".

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ANTECEDENTES

Ruiz, presidente de la Fundación del Río, una de las organizaciones que ilegalizó Ortega en diciembre del 2018, indicó que desde el 2013 se opusieron a la construcción del canal interoceánico por Nicaragua, “a partir de allí hemos sido vigilados y nuestra labor como organización” fue cuestionada por el régimen.

La organización también fue critica al régimen por su “negligencia” en el manejo del incendio en la reserva biológica Indio Maíz, en los primeros días de abril del 2018 y uno de los detonantes de las protestas populares en contra de Ortega.

Ruiz, comentó que a raíz de esa denuncia sufrió un atentado en su casa, ya que sujetos desconocidos ingresaron a la vivienda, ocasionaron destrozos y dañaron un vehículo de la organización.