Unión Europea renueva sanciones a funcionarios orteguistas y queda lista para imponer más

El Consejo de la Unión Europea amplió este lunes hasta el 15 de octubre de 2022 el marco para imponer medidas restrictivas selectivas ante la crisis de Nicaragua y renovó las sanciones contra seis funcionarios del régimen de Daniel Ortega que vencerían el próximo viernes.  

De esta manera, quedan renovadas las sanciones contra los comisionados Francisco Díaz, Ramón Avellán, Justo Pastor Urbina y Luis Pérez Olivas; la exministra de Salud, Sonia Castro y el asesor presidencial Néstor Moncada Lau. 

El pasado 2 de agosto, el Consejo también sancionó a Rosario Murillo y su hijo Juan Carlos Ortega; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; Ana Julia Guido, fiscal general; Bayardo Arce, asesor económico régimen; Iván Acosta, ministro de Hacienda; y el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes. 

El régimen de sanciones de la Unión Europea se introdujo por primera vez en octubre de 2019 para hacer frente al deterioro de la situación política y social de Nicaragua.  

“Se dirige a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades socavan la democracia y el Estado de derecho”, indicó hoy el Consejo al dar a conocer la ampliación del marco. 

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Las sanciones, que actualmente se aplican a 14 personas y cuya vigencia expirará en un año, “están pensadas para no perjudicar a la población nicaragüense ni a la economía del país”.  

Las personas incluidas en la lista de la Unión Europea están sujetas a una congelación de activos, y se prohíbe a las personas y entidades de la Unión Europea poner fondos a su disposición. Las personas físicas también están sujetas a la prohibición de viajar a cualquiera de los 27 estados miembro del bloque continental. 

FOCO PUESTO EN LAS ELECCIONES 

La Unión Europea reiteró en junio su llamado al restablecimiento del diálogo inclusivo y de la democracia como única forma de salir de la crisis política, económica y social en Nicaragua.  

Pidió a las autoridades poner fin a la represión contra los opositores políticos, los medios de comunicación independientes, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, y que se garantice plenamente el respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos en el país. 

En cambio, dicen los 27, el régimen “ha intensificado la represión” ilegalizando a los partidos de la oposición y a las organizaciones de la sociedad civil, así como encarcelando a los opositores políticos y a los miembros del mundo académico, de los medios de comunicación y de la sociedad civil, sin tener en cuenta el debido proceso.  

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“Con ello, el Gobierno encabezado por el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo ha eliminado la posibilidad de cualquier competencia electoral seria en las urnas el 7 de noviembre de 2021, privando así a los ciudadanos de Nicaragua de su derecho soberano a elegir libremente a sus representantes”, advierten. 

La Unión Europea ha evitado emitir hoy una declaración sobre la legitimidad del proceso electoral como le ha demandado la oposición nicaraguense.  

Esto, según fuentes diplomáticas europeas consultadas por DESPACHO 505, se debe a que la Unión Europea esperará hasta después de las elecciones para pronunciarse al respecto, aunque dice, “sus llamados sobre el proceso electoral han sido claros, contundentes y descaradamente ignorados por Ortega”.