Corte-IDH amplía medidas provisionales a comunidad indígena en "peligro inminente de daño irreparable"

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) resolvió este viernes ampliar las provisionales emitidas en favor del pueblo indígena miskitu de la comunidad de Santa Fe por encontrase en una situación de “gravedad, urgencia y peligro inminente de daño irreparable”, debido a las amenazas que reciben de colonos.

La comunidad de Santa Fe, forma parte del territorio indígena miskitu Wanki Li Aubra, en el municipio de Waspam, en el Caribe Norte de Nicaragua.

"De la información presentada a la Corte, se desprende que actualmente los integrantes de la comunidad de Santa Fe, la cual forma parte del territorio indígena miskitu Wanki Li Aubra, se encuentran en una situación de riesgo debido a las amenazas por parte de colonos a los que no les autorizaron el tránsito por la comunidad", dice la resolución.

Las medidas provisionales son extensivas a las personas que hayan tenido que abandonar dicha comunidad y deseen regresar, a las cuales se les debe brindar las condiciones de seguridad y protección.

Sobre este caso, la Corte -IDH ha emitido resoluciones en septiembre y noviembre del año 2016, en junio y agosto del 2017; en agosto del 2018 y en febrero del 2020.

“Los graves hechos reportados tienen una conexión fáctica con las medidas provisionales otorgadas el 1 de septiembre y 23 de noviembre de 2016, al compartir una fuente común de riesgo, resultante del contexto de violencia presentado en la región Costa Caribe Norte de Nicaragua y la conflictividad existente con terceros o “colonos” en el marco de la reivindicación de los territorios ancestrales del pueblo indígena miskitu, así como los procesos de saneamiento que tienen lugar en dicha zona”, señala el documento.

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NICARAGUA DEBE PRESENTAR INFORME CADA TRES MESES

El organismo amplió las medidas a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en ella se requiere al Estado de Nicaragua adoptar las medidas “suficientes y necesarias” para proteger a los habitantes de esta comunidad, además de presentar a la Corte un informe cada tres meses sobre las medidas provisionales adoptadas.

En sus consideraciones, la Corte hizo referencia del asesinato del indígena Bonifacio Dixon Francis en junio de este año, y señaló “la falta de actuación y protección por parte de las autoridades” ya que pusieron en riesgo a los comunitarios al solicitarles que los acompañaran a realizar una inspección al sitio donde fue asesinado Dixon.

“La Corte también advierte que los hechos antes descritos han tenido consecuencias para los miembros de dicha comunidad, que se ha concretizado en la necesidad de que las mujeres, los niños, y los adultos mayores tuvieran que ser llevados a lugares más seguros”, expone la resolución de la Corte IDH.

Los beneficiarios de las medidas deben presentar sus observaciones en un plazo de cuatro semanas. La CIDH, según la resolución, debe también aportar observaciones a los informes que presente el Estado de Nicaragua, “dentro de un plazo de dos semanas contadas a partir de la recepción de las observaciones de los representantes”.

Las comunidades indígenas del Caribe Nicaragüense enfrentan una situación difícil, recientemente el Gobierno Territorial Mayangna Sauni As alertó sobre la “emergencia” que viven debido a los asesinatos de sus comunitarios, la invasión de sus tierras, amenazas y las violaciones a los derechos humanos.

La alerta la emitieron luego de dos ataques, el primero ocurrió el 23 de agosto y dejó al menos 12 muertos, y el segundo fue el 4 de octubre, con un saldo de una persona asesinada.