Leyes totalitarias de la dictadura cumplen un año vigentes: ¿qué han dejado en Nicaragua?

La Ley de Ciberdelitos, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz cumplen este mes un año de haber sido aprobadas por la dictadura. Son los elementos "legales" que ahora más se están utilizando para encarcelar a opositores y acallar toda crítica al sistema de gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En los últimos días se ha evidenciado el uso de la Ley de Ciberdelitos o "Ley Mordaza" por parte de la Fiscalía para procesar al menos 10 ciudadanos que han expresado su inconformidad por el proceso electoral del pasado 7 de noviembre o han celebrado las sanciones de la comunidad internacional en respuesta a lo que consideran una "farsa electoral".

Con la Ley de ciberdelitos se conoce que han sido acusados la defensora de derechos humanos María Oviedo, quien fue detenida el 29 de julio de este año; el ambientalista Amaru Ruiz, quien se encuentra exiliado; y la activista Nidia Barbosa, quien fue secuestrada el 6 de noviembre un día antes de los comicios. A todos los señalan de "propagación de noticias falsas" a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

También se ha informado del caso del campesino Santos Camilo Bellorin Lira, de 56 años, a quien efectivos uniformados sacaron de su vivienda, localizada en la comunidad rural de Guasuyuca, en el municipio de Pueblo Nuevo, Estelí. Es acusado de "propagación de noticias falsas" a través de las redes sociales, cuando ni si quiera tenía acceso a internet.

Un jurista que pidió omitir su nombre por temor a represalias asegura que la Ley de Ciberdelitos "se utiliza para criminalizar, castigar a opositores y para callar a quienes se han atrevido a hablar". Por otro lado, dice, la Ley 1055 la implementan como una norma penal sin serlo.

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"El uso de la Ley 1055 para detener a los opositores no ha sido más que un mal uso de una ley de carácter electoral para silenciar a los opositores porque no encontraron entre lo que ellos hacían una conducta tipificada en el Código Penal de ser castigable", explica el jurista.

Juan Diego Barberena, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), considera que las tres leyes “dejaron la puerta abierta” para ser aplicadas con discrecionalidad y que Ortega las mandó aprobar como parte de su estrategia para perpetuarse en el poder y así preparar el escenario para que no tener ningún contrincante político.

Según el opositor, la Policía y el Ministerio Público pretenden “cubrirse de legalidad” para ejecutar las detenciones de los opositores, bajo el argumento de que pretenden “menoscabar la integridad nacional” argumentando la implementación de la ley.

“Las tres leyes tienen un mismo objetivo: acallar las voces disidentes, criminalizar el ejercicio de los derechos fundamentales y al derecho de los ciudadanos a formar parte de opciones políticas diferentes a las que oficialmente están en el poder”, denuncia.

UN COMBO REPRESIVO

Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, destaca que a estas tres leyes se suma las reformas que aprobaron los parlamentarios el 2 de febrero al Código Procesal Penal (CPP), el cual amplía de 48 horas hasta 90 días el plazo de detención de un ciudadano sin acusación formal.

A un año de la aprobación de estas leyes "se ha comprobado que es un combo represivo, opresivo y regresivo en materia de derechos humanos”.

“Han sido coherentes con la persecución”, opina el el activista quien ve en la implementación de estas leyes la continuación de la represión, la consolidación de un estado policial y un arma para seguir infundiendo terror en la población.

“Tiene muchos propósitos: mantenerse en el poder a costa de sangre y fuego con esos métodos represivos, silenciar a la sociedad al máximo, ha provocado mayor persecución, criminalización que incluye una nueva oleada de exilio”, señala Carrión.

"LEY PUTIN"

Por otro lado, la La Ley de Agentes Extranjeros, conocida como "Ley Putin", provocó la salida de varias organizaciones no gubernamentales que brindaban asistencia en Nicaragua ya que establece una serie de requisitos que dificultan seguir operando en el país.

El jurista consultado por DESPACHO 505 indicó que esta Ley es utilizada para sacar del escenario a oenegés que no quisieron inscribirse ante Gobernación, y a las que se inscribieron les han impuesto una serie de requisitos imposibles de cumplir, lo cual sirve de argumento para que les cancelen su personería jurídica.

Desde el 2018 el régimen de Daniel Ortega ha ordenado ilegalizar al menos 55 oenegés.

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La académica y jurista María Asunción Moreno considera que el impacto de la aplicación de estas leyes "es grave" porque incrementa la persecución política a ciudadanos, periodistas y medios de comunicación independientes.

En julio de este año, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió darle tramite a recursos de inconstitucionalidad sobre estas tres leyes, pero hasta la fecha no se ha pronunciado si da lugar o no al recurso.

¿EN QUÉ CONSISTEN?

La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros fue aprobada el 15 de octubre del 2020 y entró en vigencia cuatro días después. Obliga a todas las personas y organizaciones que reciben financiamiento de organismos internacionales a registrarse como “agentes extranjeros”. Una vez inscritos, no pueden realizar en “actividades políticas” y establece sanciones que van desde multas de hasta medio millón de dólares, confiscaciones de bienes y cárcel.  

La Ley de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza” fue aprobada el 27 de octubre de 2020 y entró en vigencia el 30 de diciembre del 2020. Según organizaciones de periodistas independientes, esta ley representa una grave amenaza para la libertad de prensa, porque “criminaliza” al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.

Mientras que la Ley 1055, conocida como “Ley de Inhibiciones”, fue aprobada el pasado 21 de diciembre. Solo tiene dos artículos, pero es amplísima en su alcance y efectos. A través de esta ley el régimen se otorga la facultad de inhibir la participación a cargos de elección popular a todo nicaragüense señalado de dirigir “intentos de golpe de Estado”, así como hacer gestiones y celebrar sanciones de gobiernos extranjeros. Los señalados bajo estos cargos son declarados como “traidores a la patria”.