Sanciones a Telcor confirmarían acusaciones de espionaje a ciudadanos

Parte de los argumentos que la comunidad internacional ha expuesto para sancionar al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), revela una sospecha que causa preocupación entre expertos y analistas: desde esa institución el régimen practica el espionaje a los ciudadanos.

“Telcor ha estado comandando y operando acciones de vigilancia sobre la sociedad civil y la oposición democrática”, explicó Suiza este lunes, al anunciar el castigo financiero a Telcor, su directora, y dos instituciones más.

Suiza sancionó además a siete funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, incluyendo a dos de sus hijos, tres magistrados del Consejo Supremo Electoral y el superintendente de Bancos.

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 “El espionaje es en este gobierno una práctica en marcha desde hace tiempo”, dice a DESPACHO 505 el Mayor en retiro Roberto Sancam. Explica como soporte, que el régimen ha mostrado una caracterización de opositores claves a quienes siguió, capturó y encarceló para evitar que le disputaran el poder.     

 "TRAS EL CONTROL RADICAL"

Para una consultora internacional en temas de seguridad digital, el régimen ha venido aprobando leyes que van en dirección de establecer un “control radical” mal intencionado y no de regulación convencional. Citó por ejemplo la forma en que maneja el tema de la ley que castiga los ciberdelitos.  “El problema, por ejemplo, es la conveniencia de a quien se aplica esa ley”, explica.

La Ley Especial de Ciberdelitos desde su nacimiento el 27 de octubre del 2020, tiene ya su primer inculpado, quien resultó ser un declarado opositor al régimen que lo acusa, ofreciendo como testigos a miembros de su mismo aparato represor. El disidente tiene 56 años de edad y es originario de Chichigalpa, fue detenido a comienzos de noviembre pasado en su casa, en una redada policial desplegada en la víspera de las votaciones.

De Telcor, los países sancionados además de acusarlo de ser instrumento para callar medios independientes, lo señalan de utilizar sus oficinas para implementar una campaña  de desinformación a gran escala que tuvo su mayor trabajo, durante las votaciones de noviembre pasado.  

“Hay una falta de independencia y falta de institucionalidad en una unidad técnica que debe regular un tema tan sensible como el de las comunicaciones”, advierte la experta.

EL GRAVE ESPIONAJE

En los primeros días de abril del año pasado, un informe sobre derechos humanos divulgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, acusó al régimen de Daniel Ortega de realizar prácticas de espionaje. El informe agrega que se violó la privacidad de organismos de la sociedad civil, de representantes de la iglesia católica, de periodistas y de adversarios políticos.

A Sancam no le sorprende la acusación de espionaje.  “Es una práctica reñida con la ley, incluso la Constitución prohíbe el espionaje político, pero aquí se hace y eso es grave, se incurre en un gran delito”, reitera. Para el exmilitar, no solo el informe de Estados Unidos lo señala, también lo demuestra, lo ocurrido en noviembre del año pasado cuando Meta (antes Facebook) golpeó una alargada red de perfiles falsos, páginas y otros sitios de interacción para “el seguimiento” de los opositores y también para tener control sobre los aliados y simpatizantes.   

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Meta eliminó 937 perfiles falsos, 140 páginas, 24 grupos y 363 cuentas en Instagram. Según la compañía, las plataformas se utilizaban para audiencias locales y con vínculos bien definidos al Gobierno de Nicaragua y al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). “Todo eso prueba esa estructura, ese aparato de espionaje y seguimiento que se hace con fondos del Estado y desde una institución estatal como lo es Telcor”, acusa el exmilitar.

A criterio de Sancam los ciudadanos deben estar preocupados por este tema.  “Una comunicación, una llamada que uno haga, debe ser protegida. No está pasando esto, los ciudadanos son expuestos, es una violación a los derechos humanos y eso explica el porqué de las sanciones”, añade.      

¿CIBERCIVISMO O CIBERDELITO?       

Explica la experta que el problema es que es precisamente Telcor el que según la normativa debe proteger los datos.  La misma Ley con que opera el ente regulador, permite que comparta los datos con la Policía si así lo requiere. “¿En qué circunstancias lo requiere? ¿Son esa las circunstancias que la ley lo permite? Ahí hay mucha discreción, y si no hay independencia, se vuelve un problema y pueden transformar un cibercivismo en un ciberdelito para citar un caso”, advierte.

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A su criterio, el tema se vuelve complejo al hablar del tema de la privacidad. “Aquí  ya no solo se trata de la discusión de qué es un delito o no, sino porque en primer lugar, la línea que divide esa "vigilancia" y el irrespeto a la privacidad de los usuarios es muy fina”.  

“¿Nos espían?, bueno hablamos de un sistema dictatorial en el que se ha encarcelado gente por ejercer su derecho a la libre movilización y a la manifestación o por ejercer sus derechos civiles, podemos suponer que estamos vigilados todos”, amplía la experta.

Otro especialista que pide solo ser identificado como experto en ciberseguridad debido a la persecución política en Nicaragua dice estar convencido que Telcor tiene la tecnología necesaria para espiar a los ciudadanos. “Técnicamente es posible. Es un ente regulador de tecnologías de la comunicación de un país, para seguridad de los ciudadanos es conveniente creer que está pasando”, recomienda.

“Hoy más que nunca la gente debe aprender a manejar las redes sociales, a evitar exponerse lo menos posible. Quienes tienen la capacidad de tener el control, tengan por seguro que no van a desperdiciar la oportunidad de ejercerlo”, advirtió.