Juicios políticos sin una letra de legalidad, dicen expertos

Los juicios en marcha desde esta mañana contra los opositores encarcelados en las celdas de la Dirección Auxilio Judicial (DAJ), no tienen nada que ver con lo jurídico, y están más cerca a acciones que violentan la Constitución Política de Nicaragua, de la que se han vulnerado al menos siete artículos, según juristas y analistas nicaragüenses.

Para la abogada Martha Patricia Molina, las audiencias de juicios iniciadas por la dictadura contra los opositores encarcelados son una “pantomima” en la que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “criminaliza” a quienes se le oponen.

Asegura la abogada que “todo lo auspiciado por el sistema judicial, subordinado a la dictadura, nada tiene que ver con lo jurídico y lo legal, porque desde su inicio se han vulnerado las garantías del debido proceso, o sea el conjunto de requisitos de carácter jurídico y procesal que son sine qua non para todo proceso legal”.

Puntualizó el hecho que la Fiscalía, desde antes de las audiencias calificó como “delincuentes” a los secuestrados políticos, vulnerando el principio de inocencia que le otorga la Constitución Política del país a todo ciudadano.

ESLABONES DE UNA CADENA DE VIOLACIONES

En una carta pública enviada a los medios de comunicación, el analista y catedrático Ernesto Medina, expone la cadena de violaciones a las normas legales que los operadores políticos del régimen han implementado contra los opositores.

Medina destaca la vulneración de al menos siete premisas constitucionales entre las que señala el artículo 30 que establece que los nicaragüenses “tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral o escrita o por cualquier medio”, es precisamente esa acción la que está criminalizando la dictadura.

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Agrega que se viola el artículo 34 que establece que “toda persona en un proceso tiene derecho, en igualdad de condiciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva y, como parte de ellas, a las siguientes garantías mínimas: que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley; a que sus asuntos sean juzgados sin dilaciones por tribunal competente establecido por la ley”.

Asimismo, se ha pulverizado el principio constitucional de garantía de ”intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimientos y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa”.

CONTRA LA TORTURA PSICOLÓGICA

Medina añade que la dictadura y su sistema judicial, ha violentado desde el inicio del proceso contra los opositores el artículo 36 donde está establecido que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley”.

Los reos de conciencia, según denuncias de familiares y organismos de derechos humanos, han sido sometidos a torturas psicológicas y físicas y a omisión de todos sus derechos legales y humanos.

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“Al iniciar hoy los juicios contra los ciudadanos y ciudadanas presos en el nefasto Chipote, y después de leer este comunicado (de la Fiscalía), debemos hacernos la pregunta: ¿Es independiente el poder judicial nicaragüense? Interroga el experto.

Él mismo responde afirmando que sin la independencia de poderes no hay estado de derecho y en consecuencia la sociedad “está sometida a la arbitrariedad y al capricho de gobernantes inescrupulosos, corruptos y ambiciosos a los que poco importa el bienestar, la tranquilidad y el progreso del país, que hacen de su sobrevivencia política la única razón de ser de su triste y patética existencia”.

Advierte además que “los juicios que inician hoy nos son solamente contra un grupo de ciudadanos patriotas y honestos, es un juicio en contra de todas y todos los nicaragüenses que todavía soñamos con una Patria mejor”.

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Para Medina, los juicios a los opositores, “terminan de convencernos, de una vez por todas, que Daniel Ortega y Rosario Murillo pueden hacer con el país lo que les dé la regalada gana, que aquí no hay Constitución ni leyes, que aquí lo único que vale es su omnímoda voluntad y que para ejercerla cuentan con un sistema judicial convertido en verdugo de la ciudadanía”.

AC: FUEROSN SECUESTROS

Por su parte, la Alianza Cívica por la Justicia y la democracia (ACJD) en un comunicado emitido este martes señala que los procesos penales contra los presos políticos están “plagados de ilegalidades desde el mismo momento de las detenciones, las que se ejecutaron sin informar la causa o razones de detención e incluso; sin orden o mandamiento judicial como lo exige la Constitución en el artículo 33 numeral 2.1”.

La abogada Molina agregó que si los jueces del régimen quieren demostrar cumpimiento a las leyes del país y apego a la Constitución “este es el momento para cumplir con la Ley No. 743 y envíen a sus respectivas casas a las y los privados de libertad mayores de 70 años o los que padezcan de enfermedades crónicas. A todos ellos se les tiene que otorgar el beneficio de convivencia familiar, previa valoración del médico forense”.

En tanto, el doctor Medina hace un llamado a “los funcionarios honestos que todavía pueda haber dentro del poder judicial, los profesionales del derecho fieles al imperio de la ley y, sobre todo, las facultades de derecho del país deben elevar su voz para condenar las farsas que inician hoy, exigir su anulación y la liberación inmediata de todos los prisioneros políticos. Esta debe ser la lucha de todos y todas”.