Amnistía Internacional afirma que Nicaragua vive una "agonía" y urge a la ONU un mecanismo de rendición de cuentas

Amnistía Internacional (AI), manifestó este viernes que Nicaragua vive un panorama desolador, donde la crisis que se vive desde abril del 2018 se ha "profundizado, evoluciona y echa raíces".

Astrid Valencia, abogada e investigadora del Amnistía Internacional, señaló que esta organización documentó la terrible "Operación Limpieza" que ejecutó el régimen de Daniel Ortega para desmontar las protestas populares en el 2018, además han conversado con exiliados producto de la represión en Nicaragua.

“Aunque hagamos un enorme esfuerzo por informarnos sobre lo que ocurre en Nicaragua, ningún calificativo logra describir a cabalidad la agonía que vive el pueblo nicaragüense”, denunció Valencia, quien lamentó el fallecimiento del preso político Hugo Torres el pasado 12 de febrero que muestra la actual fase de la crisis de derechos humanos en Nicaragua.

Valencia llamó a que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su sesión prevista a realizarse del 28 de febrero al 1 de abril de este año envíe un mensaje claro al régimen de Ortega ya que no ha cumplido por ninguna de las resoluciones que ha emitido.

Por eso, instó al organismo a que establezca un mecanismo de investigación "con el mandato de vigilar de cerca la situación e informar de ello", ya que Nicaragua "no puede seguir contando personas fallecidas, detenidas arbitrariamente, torturadas, desaparecidas y exiliadas. En cambio merece justicia".

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A la petición de crear un mecanismo de investigación se sumó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien valoró que para salir de la crisis se debe investigar y castigar los crímenes de lesa humanidad que se han cometido. Además demandó la liberación de todos los presos políticos y que el régimen pare la represión y el estado de excepción de facto que se vive en la actualidad.

Vilma Núñez, presidente del Cenidh, dijo que es necesario “desmontar” las estructuras que actúan junto a instituciones del Estado como el Poder Judicial ya que “no hay diferencia entre la Policía, una fuerza paramilitar y entre un juez del Poder Judicial”.

La petición de creación de este mecanismo fue expuesta por primera vez en noviembre del año pasado por el Colectivo 46/2, que es una coalición de más de 16 oenegés nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos que monitorean las acciones del Estado de Nicaragua para atender las recomendaciones que ha emitido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre la crisis de Nicaragua en la resolución de marzo de 2021.

En diciembre del 2018, Ortega expulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los miembros de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y desde entonces “continúa sin mostrar signo alguno de cooperación con la comunidad internacional”, señaló Tania Agosti, funcionaria del organismo Raza e Igualdad.

“Nicaragua lleva más de cuatro años inmersa en una profunda crisis de derechos humanos que ha sido analizada por el Consejo de Derechos Humanos con tres resoluciones adoptadas. La situación de derechos humanos rebasa el sistema de protección de derechos humanos y amerita una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional”, apuntó Agosti.

ACUMULACIÓN DE “HORRORES”

Vilma Núñez compartió la “gravedad del contexto de represión sistemática en Nicaragua y apuntó que cada día “es más difícil” hacer una actualización sobre la situación del país ya que "se trata de ir acumulando horrores producto de sentimientos perversos traducidos en violaciones masivas de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado y una generalizada e indignante situación de impunidad”.

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Hasta la fecha se contabilizan más de 177 personas encerradas en diferentes cárceles incluyendo las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el Nuevo Chipote.

“Las cárceles se han llenado por la destrucción institucional que ha llevado a la consolidación de un régimen dictatorial, no hay Estado de derecho ni separación de poderes y se vive bajo un estado de exención de hecho, las calles son testigos mudos de una militarización intimidante y sus consecuencias en los nicaragüenses”, denunció Núñez.

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Añadió que el Poder Judicial ha “reforzado” la escalada de represión quien usa el derecho penal como un arma de represión aunada con la permanencia de las estructuras militares que asesinaron a 355 nicaragüenses entre el 18 de abril del 2018 y el 31 de julio del 2019.

Demandó una investigación del preso político Hugo Torres quien fue acusado por el régimen de Ortega de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

“Ese monstruo de mil cabezas ha creado una especie de legalidad paralela perversa expresada en más de 12 leyes inconstitucionales y persecutorias que mantienen en zozobra a la población nicaragüense”, concluyó la defensora.