Los organismos de derechos humanos urgen a la CIDH un mecanismo que garantice justicia para las víctimas de la represión orteguista

Las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua urgieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se acelere el proceso de búsqueda de un mecanismo que obligue a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a rendir cuentas por las “graves violaciones” a los derechos humanos cometidos desde abril de 2018, año en que se desencadenó la peor represión en tiempos de paz.

En una audiencia pública de la CIDH, celebrada este lunes y a la que se ausentó nuevamente la representación del régimen Ortega-Murillo, las organizaciones nicaragüenses demandaron a la instancia regional que “acerque su voz experta al sistema universal (de Defensa de Derechos Humanos) y coadyuve en la demanda para impulsar el establecimiento de un mecanismo internacional de investigación y verificación de hechos, que permita avanzar hacia la rendición de cuentas y sanción de los responsables”. 

Asimismo, piden que se acelere la revisión de los casos de denuncias que actualmente se encuentran en trámite en la CIDH, para contribuir a los procesos de justicia y reparación en el país. En ese sentido, Andres Sánchez Thorin, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para América Latina y el Caribe recordó que ya la ONU ha denunciado, a través de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, la grave situación de impunidad y ha recomendado al Estado de Nicaragua "diseñar un paquete de medidas que permitan la rendición de cuentas por las violaciones".

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Por su parte, la comisionada Esmeralda Arosemena, relatora para Nicaragua, señaló que el Estado debe someterse al escrutinio público para responder por los señalamientos de graves violaciones a los derechos de los nicaragüenses. La sociedad civil le solicita a la CIDH que emita un pronunciamiento sobre los alcances de la situación de “impunidad estructural” en el país y la necesidad de avanzar hacia procesos de rendición de cuentas a nivel internacional. 

Además, instan a que insista en su solicitud ante el régimen de Ortega para realizar una visita in situ al país, con el fin de verificar las condiciones en las que permanecen las personas presas por motivos políticos. Guillermo Rodríguez del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés), lamentó la ausencia de la representación del Estado de Nicaragua, pese a que fue convocada debidamente. Además, señaló que en el país el sistema de administración de justicia se ha convertido en un “agente de criminalización, en lugar de ser un garante del Estado de derecho y los derechos humanos”.

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La ausencia de la representación del régimen en la audiencia fue catalogada como “grave” por Joel Hernández, comisionado de CIDH. “No podemos entablar un diálogo porque no está el Estado y lleva implícita la negación de la realidad y cierra todo espacio democrático, impide poder revertir las dificultades y obstaculiza una labor más efectiva de la CIDH y la ONU”, indicó. 

No obstante, advirtió que, aunque el régimen se ausente de las audiencias “no puede haber silencio por parte de las organizaciones de derechos humanos ni de las internacionales. No puede haber silencio, se tiene que mantener en agenda la situación de derechos humanos en Nicaragua”. 

DESTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA PERPETUARSE EN EL PODER

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, recordó a la CIDH que la dictadura de Daniel Ortega ha destruido la institucionalidad del país con el único fin de perpetuarse en el poder y para ello ha desatado una “violenta represión” a partir del 2018.

La defensora insistió en denunciar que los crímenes cometidos por el régimen Ortega-Murillo han dejado como saldo 355 muertos, “la mayoría con características de ejecuciones extrajudiciales”, por lo menos 2,000 heridos, muchos con secuelas de discapacidad; 1,614 presos políticos, “torturados y procesados arbitrariamente” y más de 100,000 nicaragüenses obligados a salir de Nicaragua para salvar sus vidas.

Núñez recalcó que la mayor gravedad, en medio de la represión, es que  todos esos crímenes “permanecen sin investigar”. Por su parte, Violeta Delgado, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) expuso que la urgencia de hacer que la dictadura rinda cuentas está dada también porque el sistema de administración de justicia nicaragüense ha sido utilizado para asegurar impunidad de las graves violaciones de derechos humanos y para la criminalización de la disidencia política.

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Delgado señaló que no ha habido ninguna sanción contra las autoridades responsables de las graves violaciones. Por tanto, recordó a la CIDH que esta misma instancia ha advertido que la persecución por motivos políticos “bien podría constituir un crimen de lesa humanidad” por las violaciones al debido proceso y a las garantías de las personas detenidas y privadas de la libertad arbitrariamente.

En la audiencia participaron el Centro de Derechos Civiles y Políticos (CCPR), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y Urnas Abiertas (UA).