Ortega se ensaña contra oenegés que atendían a los más pobres en Nicaragua

La cancelación de 25 oenegés, ordenada por el régimen de Ortega-Murillo, deja claro que va a arrebatarle al pueblo todas las instituciones no gubernamentales que hacen una labor humanitaria y de promoción y defensa de los derechos humanos, opina la feminista en el exilio, Ana Quiroz.

Quiroz considera que Ortega está en una escalada represiva contra la sociedad civil y esta vez ordena la muerte civil de 25 organizaciones entre las que incluye instituciones humanitarias como Operación Sonrisa, que no ha hecho más que permitirle a miles de niños y niñas poder llevar una vida plena.

“La dictadura ha arremetido contra una institución humanitaria. Operación Sonrisa le ha devuelto la posibilidad de llevar una vida plena a miles de niños y niñas. ¿Qué pretende el régimen? Privar a los nicaragüenses de instituciones que desarrollan actividades humanitarias y de desarrollo social”, sostuvo la feminista expulsada del país en el 2018, por su activismo social.

La feminista advierte que la dictadura continúa un patrón represivo que apunta a ese tipo de instituciones que buscan empoderar a las mujeres de sus derechos. “La dictadura desmantela, destruye las organizaciones defensoras de las mujeres”, criticó.

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Explicó que organizaciones como el Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, la Asociación Foro de Mujeres de Nicaragua y la Asociación Centro de Prevención de la Violencia, se dedicaban a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres.

CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS

En la lista de las organizaciones ilegalizadas, el régimen incluyó al Centro para la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica (CEJUDHCAN), una organización que velaba por los derechos humanos de las comunidades indígenas en el Caribe nicaragüense.

Quiroz señaló que Ortega no podía ser más cruel contra las poblaciones del Caribe de Nicaragua, a "las que ha mantenido en abandono y ahora también les arrebata las instituciones que han velado por sus derechos". 

Recordó que CEJUDHCAN es una institución no gubernamental que defiende los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes del caribe de Nicaragua que permanecen en abandono y a merced de acciones criminales, por la invasión ilegalmente de sus tierras, persecución y asesinatos sin la protección estatal.

CIERRE “REPULSIVO”

Por su parte, Mónica López Baltodano de Popol Na y la Articulación de Movimientos Sociales catalogó de “gravísima” la decisión del régimen de negarle a la población el derecho a beneficiarse de los programas que impulsan muchas de las organizaciones cerradas arbitrariamente.

“Es repulsivo, por ejemplo, el cierre de entidades humanitarias como Operación Sonrisa, que atendían a cientos de niños con paladar hendido o labio leporino. Para la población nada de esto pasará desapercibido y seguirán creciendo los malestares contra el régimen y también los deseos de sacarlos del poder”, señaló la activista ambiental.

Recientemente, Popol Na, junto a Fundación del Río, la Red Local y la Articulación de Movimientos Sociales presentaron un informe de sistematización sobre la represión que ha desatado el régimen Ortega-Murillo contra la sociedad civil y concluyen que en Nicaragua, la dictadura “ha demolido” la libertad de asociación.

“Tenemos plena conciencia que uno de los objetivos de su estrategia de terrorismo de Estado es destruir a las organizaciones sociales y su capacidad de trabajar en el país de forma autónoma. Para este régimen sólo tienen derecho a existir quienes se les subordinan ciegamente, porque ven como amenaza letal la autonomía de los movimientos sociales”, sostiene López Baltodano.

DESEMPLEO Y POBREZA

La activista ambiental denunció que el régimen ha mandado a cientos de personas al desempleo, al cancelar las personerías jurídicas. Hasta la fecha más de 130 organizaciones civiles han sido ilegalizadas.

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“Lo cierto es que ningún movimiento social depende de esos permisos para existir. Existirán mientras vivamos en una sociedad de injusticias, abusos y violencia. El régimen tiene que saber que no podrá detener las luchas de los movimientos feministas, ambientalistas, campesinos, estudiantiles, indígenas, afrodescendientes”, expresó la ambientalista.  

El nuevo paquete de cancelaciones de personerías ordenado por la dictadura incluye además al Centro Alexander Von Humboldt para la Promoción del Desarrollo del Territorio y la Gestión del Ambiente (Centro Humboldt), la Asociación Fondo de Desarrollo Local (AFDL), la Asociación Centro Cristiano de Derechos Humanos, así como a la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), entre otras.