El BCIE pasa factura a Michael Healy: Exige C$200,000 tras ganarle en juicio una lujosa propiedad

La justicia orteguista ordenó al preso político Michael Healy, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), pagar 219,503.40 al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por los gastos procesales asociados a la demanda de declaratoria de dominio de una valiosa propiedad de cinco manzanas de tierra ubicada en San Juan del Sur.

La demanda había sido interpuesta por Michael Healy el 20 de octubre del 2015 en el juzgado de Distrito Civil de Rivas y culminó el 19 de diciembre del 2021 con un fallo a favor del BCIE, emitido por el juez Pedro Aráuz Gómez.

Dos años y 59 días después de haberse emitido el fallo, el BCIE a través del abogado José Daniel Espinoza Bejarano presentó un escrito en el Juzgado de Distrito Civil de Rivas solicitando la tasación de las costas procesales.

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RESOLUCIÓN EXPRÉS

El escrito fue presentado a las 12:33 horas del 16 de febrero de este año. La repuesta a la petición llegó el 4 de marzo a las 2:16 de la tarde cuando el juez dictó un auto en el que ordena dar trámite a la solitud de tasación.

Ese mismo día, en menos de una hora (3:01 p.m.), la oficina de tasación del Complejo Judicial de Rivas, dio cumplimiento al auto dictado por el juez y en su informe concluyen que el monto de los costos procesales asciende a 219 mil 503 córdobas con cuarenta centavos.

La demanda contra el BCIE, la había interpuesto el ahora preso político de la dictadura como presidente y representante legal de la sociedad Inversiones Turísticas del Pacifico S.A. (INTUPSA), y aunque se encuentra detenido desde el 21 de octubre, deberá indemnizar al BCIE, una de las principales entidades de financiamiento de la dictadura.

En la demanda, Healy alegaba que el área que estaba en litigio era una propiedad que INTUPSA compró el 8 de mayo del 2009 al italiano Simón Pernechele, ante los servicios notariales de Enrique Salinas Mora y que fue inscrita en el Registro Público de Rivas.

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Pero el BCIE alegó que adquirió la propiedad desde el 11 de mayo de 1978 tras un incumplimiento de pago por parte de una empresa pesquera de San Juan del Sur.

Según el banco, la propiedad, valorada en unos cinco millones de dólares, habría sido presentada como garantía de pago de un préstamo que otorgó en 1970 a Pesquera La Flor y que, ante el incumplimiento de las obligaciones de pago, el 11 de mayo de 1978 “el BCIE recibió la garantía en Pago mediante Escritura Pública de Dación debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Rivas”.