Comunidades indígenas bajo tortura: masacres, desplazamiento forzado y persecución, revela informe

Las poblaciones indígenas nicaragüenses viven bajo tortura. Masacres, persecución, asesinatos de sus líderes y desplazamiento forzado son parte de las formas de violencia más graves que padecen y que amenazan su supervivencia, revela el informe de la Organización Mundial de la Tortura (OMCT).

Muchos de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que padecen las comunidades indígenas de Nicaragua también los sufren pueblos originarios de Latinoamérica, incida el informe “¡… Pues es Tortura!”, elaborado por la OCT junto al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y que expone abusos en Nicaragua, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala y México.

En los territorios indígenas nicaragüenses el problema más sentido es la invasión de colonos, el despojo de sus tierras, la marginación, discriminación y persecución se sus líderes y defensores que ha desencadenado una violencia sin precedentes, así como un desplazamiento forzado que expone a los comunitarios a la precariedad, diferentes formas de violencia y un estado de terror perenne.

“En las comunidades Indígenas Mayangna de Bosawás vivimos con el sufrimiento pensando: mañana no sabemos qué territorio será atacado”, confió un líder Mayangna que por temor no reveló su nombre a los investigadores.

El informe recuerda la masacre perpetrada en enero de 2020 en la comunidad mayagna Alal, sin que a la fecha se reconozca la cantidad real de víctimas reportadas por los comunitarios.

EL GRAN CANAL, UN GRAVE CASO DE DESPOJO

Según el documento, la invasión y violencia no solo proviene de colonos no indígenas armados, si no que es propiciada por intereses económicos y políticos, siendo el caso más grave la concesión del megaproyecto del Gran Canal Interoceánico.

Los territorios indígenas, subraya "son objeto en la actualidad de una violenta colonización interna".

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"Los ejemplos más recientes de abusos contra los pueblos indígenas son: primero, el otorgamiento de la concesión del megaproyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua en 2013 sin consultar a las comunidades indígenas y afrodescendientes, pese a que el 52% de su ruta afecta a sus territorios ancestrales; y, segundo, los ataques sistemáticos perpetrados a partir de 2015 por colonos no indígenas armados contra los pueblos indígenas Miskitu y Mayangna en la Reserva de la Biosfera de Bosawás", explica el informe.

A nivel regional el documento denuncia la expropiación de territorios ocupados por comunidades indígenas por parte de las autoridades locales para imponer "intereses comerciales y mercantilistas". Estas expropiaciones han aumentado en los últimos años con el fin de acometer grandes proyectos de desarrollo turístico, hidroeléctricos o extractivos, en detrimento de los derechos fundamentales de estos pueblos, dice el documento.

RECOMENDACIONES A NICARAGUA

A Nicaragua, la Organización Mundial de la Tortura recomienda poner fin de manera inmediata a todo tipo de ataques, actos de hostigamiento, amenazas e intimidación contra las personas y comunidades defensoras de los derechos indígenas Mayangna y Miskitu de la Reserva de Biosfera Bosawás, mediante el
desmantelamiento y el desarme de todos los grupos e individuos que actúan ilegalmente en el territorio, y la toma de medidas para garantizar su seguridad e integridad física y psicológica.

Además, reitera la necesidad de un proceso de saneamiento de los territorios titulados "de acuerdo con lo establecido en la ley nicaragüense, como política pública para generar seguridad jurídica en los territorios de los pueblos indígenas, así como reforzar la institucionalidad en materia de prevención de conflictos".

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El texto también señala el largo historial de abuso y discriminación contra las poblaciones indígenas, profundizados con el desmantelamiento de la institucionalidad democrática tras la llegada al poder en 2007 de Daniel Ortega, y en ejercidos por el propio Ejército de Nicaragua.

Además de la presión a causa de la violencia, el informe advierte la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes ante el Covid–19, principalmente debido a la falta de información y de acceso a los servicios de salud pública.

Menciona falta de datos segregados por etnia, edad y lugar de pertenencia, y de
medidas que hagan que los centros de salud sean física y culturalmente accesibles a las personas indígenas.