Otros dos campesinos de Río San Juan son declarados culpables por Ciberdelitos en Nicaragua

Dos campesinos habitantes del municpio Morrito, Río San Juan, se sumaron este miércoles a la lista de nicaragüenses que pagan con cárcel la antojadiza clasificación de actos de conspiración y ciberdelitos que aplica la justicia orteguista, soportada en inverosímiles acusaciones promovidas por el Ministerio Público.

Armando Robles Alanís, de 49 años, y Dominga de la Cruz Morales Jiménez. de 55 fueron declarados culpables por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas (ciberdelitos), a través de las Tecnología de la Información y la Comunicación.

Según la Fiscalía, ambos campesinos usaron las redes sociales para conspirar contra el régimen de Daniel Ortega, acusación que "convenció" al juez José Ramón Guillen, titular del juzgado de Distrito Penal de Juicio de San Carlos, quien dictó fallo de culpabillildad.

Durante el juicio, el militante sandinista Leo McCrea Morales, de 32 años, hijo de Dominga Morales Jiménez, desmintió las acusaciones que presentó la Fiscalía hizo en contra de su mamá, pero su testimonio fue descartado.

"CONSPIRACIÓN" PARA EVITAR ELECCIONES

La acusación de la Fiscalía plantea que previo a las elecciones del 7 de noviembre del 2021, Dominga y Armando se movilizaban en los municipios de El Almendro, San Miguelito y Morrito, en Río San Juan, “para planificar un levantamiento social con el fin de provocar violencia y alarma”.

Supuestamente, las acciones conspirativas las comenzaron el 22 de octubre del 2021 y como parte del supuesto levantamiento social habían planeado quemar la Junta Receptora de Votos (JRV) 001, ubicada en la escuela Delfina Quezada, del municipio de Morrito.

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La toma y quema de la JRV dice la Fiscalía que fue acordada en la casa de Dominga, pero que gracias a la rápida intervención de la Policía no lograron ejecutar el plan, porque fueron detenidos el 6 de noviembre.

También indica que ambos acusados hacían uso de la red social de Facebook para divulgar y compartir lo que clasifican como noticias falsas y tergiversadas. Además los reponsabilizan de difundir información para promover y exaltar las sanciones impuestas “por gobiernos y potencias extranjeras y de esta manera poner en peligro la estabilidad social y económica del país”.

RECAPTURADOS

Según la Fiscalía, tres días después de la detención ambos campesinos fueron liberados e indican que el 14 de febrero de este año los volvieron a capturar, para llevarlos a juicio.

Sin embargo, en el juicio, Leo McCrea, el hijo de Dominga, llegó a declarar que su progenitora no tiene perfil en Facebook ni posee teléfono celular. Agregó que aunque la casa de su mamá está a dos cuadras de la de Armando Robles Alanís ni siquiera se visitaban.

McCrea Morales también desmintió a la versión de que Dominga Morales y Armando Robles Alanís fueron liberados el 9 de noviembre y recapturados en febrero pasado: “En ningún momento la han puesto en libertad”, declaró el militante sandinista en el juicio.

Explicó que cuando detuvieron a su mamá, la noche del 6 de noviembre, él se encontraba trabajando como coordinador de un centro de votaciones y que se enteró de la detención a través de una llamada que recibió de parte de una hermana.

Dijo que al consultar al capitán José Adrián Solís González, jefe de la Policía de Morrito, éste le explicó que era para realizarle unas preguntas, pero ocho días después fue trasladada a las celdas de San Carlos a esperas de juicio.

NO ESTÁN VINCULADOS A PARTIDOS POLÍTICOS

Dania Rocha Espinoza, esposa de Armando Robles, confirmó en el juicio que la policía lo detuvo el 6 de noviembre y explicó que no tiene vínculos con ningún partido político ni con Dominga Morales Jiménez.

Pese a los testimonios de los testigos y las contradicciones en la pruebas presentadas por la Fiscalía, el juez emitió una sentencia de culpabilidad con las declaraciones de los cinco policías convocados por la Fiscalía.

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La denuncia contra los campesinos fue interpuesta por la capitana de la policía, Geysel González, y la orden de detención la giró el comisionado mayor José Denis Rugama, jefe departamental de Río San Juan.

Esta versión la confirmó en juicio la subinspectora de Auxilio Judicial de la policía, Elsa María Castrillo Bazán, quien dijo que tenían información de que ambos acusados se estaban reuniendo previo a las elecciones generales y que tenían planificado quemar una JRV.

SIN PERMISO PARA REUNIRSE, DICE POLICÍA

El capitán José Adrián Solís González, jefe de la unidad policial de Morrito, explicó en el juicio que tanto Dominga como Armando eran parte de la Unidad Azul y Blanco y que no pedían permisos para realizar reuniones.

Con su declaración inició el “guion” de que ambos acusados se reunían en diferentes partes de Morrito, El Almendro y San Miguelito, para conspirar y cometer el atentado.

Los otros tres policías reafirmaron esta hipótesis. El inspector Gabriel Gutiérrez García tomó fotos de la escuela que supuestamente sería incendiada; Eddy Martín Bermúdez, jefe de sector de Morrito dijo que se encargó de dar seguimiento a los acusados con fuentes infiltradas; y el oficial Xavier Alberto Corea Martínez, explicó que rastreó las publicaciones de Facebook, incluyendo con fecha del 8 de noviembre del 2021, cuando ambos campesinos ya se encontraban presos.

La Fiscalía pidió una condena de 10 años de cárcel por ambos delitos, 800 días de multas, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo período.