La ONU abre la puerta para enjuiciar a Ortega y sus cómplices, esto explican expertos latinoamericanos

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo debe tener claro que se enfrentará a una seria investigación de la ONU que documentará las graves violaciones de derechos humanos que ha perpetrado contra los nicaragüenses y por los que, en cualquier momento, deberá responder ante un tribunal penal, ya sea nacional o internacional.

La explicación viene de dos expertos que analizan la última resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aprobó este jueves la creación de un Grupo de Expertos sobre Nicaragua que documentará los abusos cometidos desde abril de 2018 bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo que investigó la represión en el país y documentó más 300 asesinatos de opositores a la dictadura, dice que la decisión del Consejo de la ONU “es una resolución con muchos dientes".

“Cada reporte de estos expertos tendrá un impacto importante en el horizonte de la justicia, lo aprobado es un mecanismo global de investigación, una resolución que tiene dientes. Las Naciones Unidas dice que el gobierno se reusó a cooperar, entonces consideró agravada la situación”, explicó Abrão a DESPACHO 505.

RESPUESTA CONTUNDENTE AL RÉGIMEN

Tania Agosti, asesora legal de la organización Race and Equality (Raza e Igualdad) con sede en Ginebra y que forma parte de las 21 organizaciones que solicitaron el mecanismo, calificó como una respuesta contundente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al comportamiento del régimen que no ha cesado la represión en Nicaragua.

“Le están diciendo al régimen, estamos documentando, estamos tomando nota de lo que está pasando, estamos identificando a los responsables, ese es un mensaje que no solo es para el gobierno, es también para los familiares de las víctimas que fueron asesinadas, para las víctimas que sufren en una prisión”, explicó Agosti.

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La investigación de la ONU a cargo de los expertos deberá “recoger, consolidar, preservar y analizar la información y las pruebas y, cuando sea posible, identificar a los responsables, y hacer que dicha información sea accesible y utilizable en apoyo de los esfuerzos de rendición de cuentas en curso y futuros”,  según la resolución.

Abrāo explica que la resolución es un paso clave como medio de presión al régimen nicaragüense.  “Busca generar una solución a la crisis poniendo en el centro los derechos de las víctimas, de sus familiares. Es un claro y fuerte mensaje, los países que integran la ONU están diciendo: estamos preocupados por lo que ha pasado y por lo que ha seguido”, explica el experto en derechos humanos.

PUERTA DE ENTRADA A TRIBUNALES

Agosti insiste en dejar claro que la resolución es muy diferente a las resoluciones de Nicaragua que se han desprendido en el foro internacional. “Esto no es un informe no, se trata un paso más allá”, dice.

“Estos expertos van a documentar cada denuncia porque serán claves cuando un nuevo gobierno asuma, se debe contar con toda esta información que debe estar lista para hacer acusaciones y llevar a los responsables a los tribunales, ya se a través del mecanismo de justicia transicional o universal”, señala la activista.

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Desde abril de 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una crisis social y política. El régimen ordenó aplastar las manifestaciones sociales en su contra utilizando civiles armados irregulares y policías, que dejaron más de 300 muertos, decenas de heridos y decenas de miles en el exilio. Pero no terminó ahí, desató una feroz represión que se mantiene  a la fecha y que a la fecha mantiene 179 presos políticos por intentar retornar el país a la democracia. “Se busca justicia para esos casos;  para los asesinatos, para los desaparecidos, exiliados y los presos políticos”, agrega Agosti.

“Sin duda –agrega Abrāo—este mecanismo alcanza una extensa labor de investigación y rendición de cuentas ante hechos y circunstancias donde hay graves violaciones a los derechos humanos, este tipo de comisiones especiales darán pruebas para establecer responsabilidades criminales y lograr juzgamientos en cortes internacionales en caso que sobrepase a los tribunales locales”, explica.

QUIERA ORTEGA O NO

Los expertos advierten que el mecanismo trabajará a la par del mandato de la Alta Comisionada de Derechos Humanos que mantiene la vigilancia y monitoreo de la crisis en Nicaragua y que deberá mantener al Consejo informado de lo que pasa, como ha venido haciendo.

Además señalaron que los informes de la CIDH y de los mismos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que visitó el país en 2018 y que investigaron la sangrienta represión de abril y mayo de ese año, serán claves para el trabajo del nuevo grupo.

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Los integrantes del GIEI concluyeron que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad y recomendaron investigar a Daniel Ortega y la jefatura de la Policía Nacional. Ello le valió al grupo de expertos, la expulsión inmediata del país en diciembre de ese mismo año.

Según la resolución, los tres expertos que designará el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realizarán la investigación aunque el régimen no quiera, pues no necesitan ni autorización del régimen, ni ingresar al país. “Este grupo de expertos buscará a las víctimas fuera del país. Lo hará con cuido y con técnica y buscará las respuestas posibles para verificar cada denuncia, ese es su mandato”, dice Agosti.