Dictadura niega acceso de médicos a la casa del preso político Edgar Parrales

Han pasado 40 días desde que el preso político Edgar Parrales fue enviado de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) a arresto domiciliario en Managua. En todo este tiempo, pese a constantes peticiones de la familia, no ha podido recibir atención médica especializada, denunció este lunes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).  

“El arresto domiciliar no es garantía de salud y vida para Edgard Parrales, pues los jueces no autorizan la entrada de sus médicos para que le den el tratamiento adecuado y realicen los exámenes que garanticen su vida”, denunció el organismo.  

El exdiplomático y analista político de 79 años es el preso político de mayor edad encarcelado por la dictadura desde el 22 de noviembre del año pasado, cuando un grupo de civiles lo secuestraron en la puerta de su casa, después de haber participado en un programa televisivo de opinión. 

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Es procesado por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas” en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Está a la espera de juicio.  

Debido a padecimientos propios de su edad, Parrales urge atención médica especializada, pero la dictadura de Daniel Ortega se lo impide.  

“Edgard Parrales está corriendo peligro. Exigimos al régimen lo libere de inmediato, antes que los daños sean irreparables, de no hacerlo y no permitir la atención médica especializada, será responsable de lo que le pueda pasar”, advirtió el Cenidh.

PRESOS, PERO EN SUS CASAS 

El pasado 24 de febrero cuando el régimen Ortega-Murillo ordenó arresto domiciliario para Edgar Parrales y Mauricio Díaz, ya había enviado a casa por cárcel al excanciller Francisco Aguirre Sacasa; el exaspirante presidencial Arturo Cruz; y el exdiplomático José Pallais.  

La medida fue ordenada luego del fallecimiento, siendo preso político, del general en retiro y dirigente opositor Hugo Torres. 

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Los cinco presos políticos permanecen bajo una fuerte vigilancia policial que no permiten el contacto con el resto de los familiares ni tienen acceso a sus teléfonos.  

De acuerdo con organizaciones de familiares de presos políticos y organismos de derechos humanos, en las cárceles de la dictadura hay más de 30 reos de conciencia de la tercera edad que padecen enfermedades crónicas. 

No obstante, la dictadura de Ortega se ha mostrado indolente y los sigue manteniendo en régimen carcelario, sin alimentación y atención médica adecuada.