Eurodiputados exigen a Ortega liberar a los presos políticos, frenar las torturas y "evitar una segunda muerte en prisión"
Los eurodiputados demandan a Ortega anular los procesos judiciales y sentencias contra los presos políticos por ser ilegales y arbitrarios.
Diputados ante el Parlamenteo Europeo demandan a Daniel Ortega que ordene la liberación de los presos políticos y que procure a lo inmediato atención médica para los mayores de 60 años, quienes debido a los tratos inhumanos recibidos en prisión corren un alto riesgo de muerte.
El pedido fue expresado este 4 de abril en una carta firmada por 38 eurodiputados, quienes manifiestan su preocupación por la "deteriorada e inaceptable" situación de los derechos humanos en Nicaragua.
El llamado más fuerte que hacen a Ortega es "evitar una segunda muerte en prisión".
"Exigimos acción inmediata y atención médica en los casos de los presos políticos particularmente vulnerables", se lee en el documento que ha compartido la eurodiputa Tilly Metz, del grupo político Los Verdes y en el que como medida urgente proponen conceder la prisión domicialiria a los mayores de 60 años.
En la carta, los erodiputados se muestran consternados "por las condiciones de detención de los presos políticos en Nicaragua, con denuncias de detenciones arbitrarias, hostigamientos, tratos inhumanos y degradantes y condiciones que en algunos casos equivalen a tortura, y que violan la leyes internacionales de derechos humanos".
Asimismo, manifiestan su rechazo a los procesos judiciales por razones políticas. Los diputados europeos consideran que los presos políticos son víctimas de juicios "ilegales" y "arbitrarios" que violan las normas mínimas del debido proceso, por lo que exigen la nulidad de todos los procesos judiciales en su contra, incluidas sus sentencias.
TINOCO, GRANERA Y PINTO EN GRUPO DE RIESGO
Si bien el pedido expreso de los europarlamentarios es la liberación inmediata e incondicional de los 169 presos políticos "arbitrariamente detenidos por haber ejercido sus derechos políticos", hacen hincapié en la situación de quienes tienen padecimientos que se han agravado en la cárcel.
"Estamos profundamente conmocionados por la muerte el 12 de febrero de 2022, de Jorge Hugo Torres Jiménez, detenido en El Chipote. Su familia había pedido su liberación por motivos humanitarios, pero esta solicitud fue ignorada", expresan.
Las autoridades nicaragüenses no ha transparentado la información sobre el fallecimiento del general en retiro, cuatro histórico del FSLN que por disentir del orteguismo fue llevado a prisión, hasta su muerte. No obstante, este desafortunado suceso ha alertado sobre el riesgo que enfrentan otros presos políticos, ya que entre el grupo de encarcelados a partid e mayo de 2021 se encuentran enfermos crónicos y personas de la tercera edad.
"Para evitar un segunda muerte en prisión, exigimos acción inmediata y atención médica en los casos de los presos políticos particularmente vulnerables", requieren los funcionarios europeos.
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Además, llaman a que en las cárceles de las dictadura se respeten los estándares de la ONU para el tratamiento de los reclusos, las llamadas reglas Mandela.
Mencionan especial preocupaación por el "alarmante" estado de salud de Víctor Hugo Tinoco, Violeta Granera (70 años), Eveling Pinto (63 años) y Eliseo de Jesús Castro Baltodano (57 años).
Sobre el estado de salud del excanciller Tinoco, advierten que "corre riesgo de muerte" como consecuencia de su alta presión arterial, trastorno del ritmo cardíaco y glóbulos blancos bajos.
TRATO HUMANITARIO
"Nosotros exigimos atención médica inmediata e instamos a la acción humanitaria para todos los presos con condiciones de salud graves", reiteran.
Entre los presos políticos con alto riesgo de muerte por su deterioro físico y la falta de atención médica mencionan a Pedro Joaquín Chamorro (70 años), Bernardo Ramos (67 años), Nidia Barbosa (66 años), Dora María Téllez (66 años), Harry Chávez (65 años), Baltazar Dávila (65 años), Irving Larios (63 años) y José Adán Aguerri (60 años).
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Los europeos abogan porque a todos ellos, mayores de 60 años, se les conceda la prisión domiciliar, un beneficio que fue aprobado para los también presos políticos Arturo Cruz, Francisco Aguirre Sacasa, José Bernard Pallais Arana, Edgar Parrales y Mauricio Diaz.
CONDICIONES DIGNAS Y ATENCIÓN SANITARIA
La comunicación dirigida a Daniel Ortega incluye un llamado a garantizar condiciones dignas de detención, y abogan por la situación de la defensora de derechos humanos Tamara Dávila, de 41 años, quien lleva nueve meses confinada en una celda de aislamiento "sin ningún contacto con nadie excepto con los guardias de la prisión".
En general, le piden a Ortega que "permita el acceso regular y programado a los representantes legales y visitas familiares".
"Escuchamos que los hijos e hijas menores de edad han sido restringidos de cualquier contacto con sus padres y madres, lo cual no es aceptable y es una seria amenaza para su desarrollo", le reprechan.
En materia de salud, le informan que existen denuncias que tanto en El Chipote como en otros centros penales de reos con sintomas relacionados a la Covid-19 que no reciben ninguna atención. "Esto debe garantizarse de inmediato", anotan.
ORTEGA NO ESCUCHA AL CONSEJO DE DD.HH. DE LA ONU
Finalmente, los funcionarios ante la Eurocámara recuerdan a Ortega la obligación que tiene Nicaragua a cumplir con la Declaración Universal de Derechos Humanos Derechos, pero lamentan que "está claro que su régimen está ignorando la resolución del Consejo de Derechos Humanos".
El pasado 31 de marzo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la creación de un Grupo de Expertos sobre Nicaragua que investigará las violaciones cometidas desde abril de 2018 bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La resolución denominada «Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua» fue copatrocinado por 46 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, Brasil, Luxemburgo, Colombia, Costa Rica, Suiza, Alemania y Francia, por mencionar algunos.
Entre las obligaciones del Grupo estará el “emprender investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, en particular las posibles dimensiones de género de esos abusos y violaciones, y sus causas estructurales profundas”.
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