Nueva Ley de oenegés legaliza la "apropiación de los bienes", dice experta

La nueva Ley General de Regulación y Control de los Organismos Sin Fines de Lucro que aprobó el pasado 31 de marzo la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional es una norma “represiva” que se suma a las ya existente, porque legaliza las confiscaciones que el régimen de Daniel Ortega ejecutaba a las oenegés despojadas de su personería jurídica.

“El objetivo de esta ley a todas luces es la apropiación de los bienes de las organizaciones a través de un mecanismo legal”, señaló una experta en el tema, que pidió no ser identificada por temor a represalias, durante una conferencia virtual.

La Constitución Política en su artículo 44, señala que en Nicaragua “se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.

La nueva ley no solo legaliza las confiscaciones, sino que es contrario a lo que establece la Constitución Política.

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“La negativa que establece la Constitución Política a la no confiscación, (con) esta Ley está haciendo completamente lo contrario, está estableciendo la confiscación como un mecanismo legal a las organizaciones”, dijo la experta.

Explicó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrentaba “dificultades” con las confiscaciones realizadas a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) que ha sido despojado de su personería jurídica, incluyendo a las universidades, no tanto en el aspecto de ejecución sino en el “sustento jurídico” para realizar la acción.

“Aquí lo que hicieron fue legalizar la ilegalidad que han estado cometiendo”, anotó la experta.

BUSCAN DESCONFIANZA EN LAS OENEGÉS

La nueva ley establece al menos nueve causales para la cancelación de la personería jurídica y solo cuando se da una disolución y liquidación de las OSFL es que los bienes no pasan a manos del Estado.

Señaló que con esta nueva legislación, el régimen busca fomentar la desconfianza hacia las OSFL, además brinda poca seguridad jurídica a las oenegés que aún están trabajando. También fomenta el control no solo de las organizaciones, sino de los beneficiarios porque tendrán que brindar información sobre ellos.

Otro de los puntos que criticó la experta es que al Ministerio de Gobernación se le otorga más poderes y los convierte en juez y parte en el tema de las OSFL.

PUNTOS DE PARTIDA SON FALSOS

Durante el conversatorio virtual, se dio a conocer que el argumento principal del régimen para la aprobación de esta norma es falso, ya que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), no ha señalado que Nicaragua tenga que trabajar el marco normativa en materia de las organizaciones sin fines de lucro.

Indicó la experta que el informe del GAFI señala que las organizaciones sin fines de lucro “pueden ser susceptibles a ser utilizadas para financiamiento al terrorismo, esto no significa que el país tenga organizaciones que practiquen el terrorismo”.

“En ningún momento el GAFI le dijo: gobierno de Nicaragua usted tiene que modificar, en este caso la Ley 147 que es la Ley que regulaba hasta hace poco las organizaciones sin fines de lucro y hay que hacer cambios en este marco normativo”, detalló la experta.

GAFI PIDIÓ EVALUACIÓN REAL DE RIESGO

La recomendación del GAFI fue que el régimen tenía que hacer “evaluaciones reales” de riesgo para luego determinar si hay riesgos asociados con el sector vinculado con el financiamiento al terrorismo.

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Advirtió el experto que esta nueva legislación lo que busca es desalentar la formación de las organizaciones sin fines de lucro en el país.

“El GAFI no busca desalentar la existencia de la OSFL, al revés (porque) dice estas juegan un rol muy importante y es más en la fundamentación lo coloca el Gobierno de Nicaragua (cuando) dice el GAFI ha reconocido la labor importante de las organizaciones y en efecto lo tienen y el objetivo es tratar de protegerlas y no desalentar su existencia”, manifestó la experta.

Según la exposición de motivos de la nueva ley de las OSFL, en mayo de 1992 existían solamente 645 organizaciones registradas en ese entonces en el Ministerio de Justicia. Agrega que a la fecha, dicho registro aumentó en un “1,017%, teniendo registradas en el Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación 6,566 organizaciones sin fines de lucro (OSFL), tanto nacionales como de otras nacionalidades”.