Dictadura ha condenado a 47 presos políticos en dos meses y jueces siguen sin definir dónde cumplirán sentencia
De 50 opositores detenidos entre mayo y octubre del año pasado hay tres que aún no han sido enjuiciados: Michael Healy, Álvaro Vargas y Edgar Parrales.
A dos meses de la reactivación de los juicios políticos en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega ha condenado al menos a 47 opositores, la mayoría detenidos y juzgados en las celdas de El Chipote, en Managua, según datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Pese a estar condenados y ya tener sentencia firme, los jueces orteguistas siguen sin definir en qué centro penitenciario cumplirán pena, y continúan retenidos y aislados en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, que es una cárcel de investigación.
Entre los condenados por supuestos delitos como “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, están los siete aspirantes presidenciales encarcelados por la dictadura antes de las elecciones de noviembre del año pasado para reelegirse sin competencia política.
Pese a estar condenados, los presos políticos siguen siendo sometidos a interrogatorios diarios. Sus familiares exigen visitas semanales, ya que en la mayoría de los casos solo han podido verlos seis veces en 10 meses de arresto.
IDENTIFICAN PATRÓN DE IRREGULARIDADES
Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, compara los juicios contra los opositores con los Consejos de Guerra que utilizó la dictadura de los Somoza, pero, considera que “ni en esos Consejos de Guerra se acumuló tanta homogenización de la forma de reprimir y de burlar la justicia como se ha hecho en estos juicios”.
Según la defensora, los jueces se rigen por una especie de “machote único de represión” donde todos han mostrado el mismo patrón: incumplieron con el mandato de que los juicios fueran orales y públicos, solo permitieron la presencia de un familiar y hubo limitaciones en la defensa.
“No les permitieron tener un intercambio abierto ni previo ni durante el juicio con sus defendidos. Le daban 10 minutos a la hora de almorzar para hablar con sus familiares y les daban dos o tres minutos a los defensores para que hablaran con sus defendidos. ¿Cómo se va a poder preparar adecuadamente una defensa en esas condiciones?”, cuestiona Núñez.
Pero los defensores además enfrentaron otras limitaciones como la falta de acceso a sus teléfonos o computadoras. Para el Cenidh, "fue como enviar a un soldado a una guerra sin fusil: trabajaron en base a memorizar los artículos (de los códigos) y la estrategia de defensa que prepararon”.
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“Fue un escenario burdo, una afrenta a la institucionalidad del país, quedó evidenciada la falta de independencia del Poder Judicial, el control total y absoluto que tiene la dictadura sobre los otros poderes del Estado”, cuestiona la defensora de derechos humanos.
Además, los presos políticos fueron obligados a ponerse un uniforme traje azul, les colocaron bridas plásticas y los hacían “desfilar” con la cabeza baja desde la celda hasta donde realizaba el juicio.
54 PRESOS POLÍTICOS EN MENOS DE UN AÑO
El organismo contabiliza 54 presos políticos desde mayo del 2021, los cuales se encuentran en su mayoría en las celdas del Chipote, otros en centros penitenciarios y en estaciones policiales.
El organismo ha contabilizado desde entonces 50 juicios o “simulacros de justicia” o “son farsas judiciales". De ese total, 47 ya fueron condenados a penas que oscilan entre los 7 y 13 años de prisión. Tres todavía no les han impuesto la cantidad de años que tendrán que permanecer en la cárcel.
“Las penas que les han aplicado obedecen a un machote, la pena mínima que ha sido de siete años se la impusieron a Pedro Vásquez, al chofer de Cristiana (Chamorro Barrios), después las penas van de ocho años que se las han impuesto a la mayoría de las mujeres, independientemente de qué las acusaran y de las circunstancias en que las capturaron”, señaló la presidenta del Cenidh.
DIRECTIVOS DEL COSEP, PENDIENTES DE JUICIO
Hay tres casos en los que la dictadura aún no ha ordenado llevar a juicio. El primer caso es es del exdiplomático Edgard Parrales, recientemente enviado a casa por cárcel, acusado de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional" y "propagación de noticias falsas".
La lista de presos políticos también incluye a Hugo Torres, quien falleció el 12 de febrero, después de meses de detención en “condiciones indignantes”.
Los otros dos casos pendientes de juicio son los de Michael Healy y Álvaro Vargas, expresidente y ex vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), detenidos el 21 de octubre del año pasado.
¿Por qué dejarlos de último?, Vilma Núñez plantea dos hipótesis: puede ser una maniobra política de Ortega para doblegar al sector privado o se quiere dar la apariencia de una posible negociación.
Se ha mencionado, pero nadie de los empresarios o familiares lo han confirmado, que el régimen les eliminó de la acusación el delito de lavado de dinero.
“El Cenidh no tiene seguridad de cuáles son los delitos por los cuales supuestamente se va a procesar a Michael Healy y Álvaro Vargas, presuntamente el 28 de abril”, explica la defensora de derechos humanos, quien señala que Healy se encuentra en una celda de castigo en El Chipote, sin conocer los motivos de esta decisión.
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