Juristas internacionales: “El proceso contra la FVBCh fue el juicio de los corruptos contra los correctos”

A criterio de abogados internacionales, ningún exmiembro de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) debería estar preso en este momento. El caso --que fue analizado en detalle por cinco especialistas-- sienta un mal precedente, pues concluyen que el régimen Ortega-Murillo, utilizó un instrumento legal como una ley que persigue el lavado de dinero, para una acción ilegal.

“Esto es grave, los corruptos contra los correctos”, dice el abogado chileno Ciro Colombara. Colombara, participó este jueves en el foro virtual “Nicaragua: Juicio, arbitrariedades y nulidades como arma de represión”, organizado por Voces del Sur y Fundamedios, en el que él y otros especialistas latinoamericanos conversaron sobre ese juicio, el proceso contra la exaspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, y el resto de presos políticos que ya suman 178.

La discusión comenzó con una exposición detallada del proceso que hizo la abogada defensora de Chamorro Barrios, la doctora Orieta Benavidez, la que calificó de “tragedia” lo ocurrido a su defendida, a su hermano Pedro Joaquín, y a los exfuncionarios del organismo Marcos Antonio fletes, Walter Antonio Gómez y Pedro Salvador Vázquez Cortés, quienes recibieron condenas de entre 8 y 13 años y multas cada uno que superan los 113 millones de córdobas.

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Benavidez resaltó que de una indagación administrativa derivada del Ministerio de Gobernación sobre los informes financieros de la FVBCh, en cosa de un día o dos, el Ministerio Público anunció una investigación por lavado de dinero. “Fueron supuestas inconsistencias que nunca se lograron probar, ni en el Ministerio de Gobernación, ni en juicio”, dijo la abogada.

ABUSOS Y MANIPULACIÓN

Recordó que el Gobernación basó su presunción en supuestas anomalías de los informes de 2015 al 2019.  Lo que el Mingo no dijo, es que aprobó los informes de la gestión 2015-2017 y que fue a partir de 2018, el año del levantamiento social, que cerró sus puertas a los organismos no gubernamentales para hacerlos caer en la ilegalidad. “Todo fue anómalo de raíz”, dijo la abogada.   

Lo que vino después dejó en evidencia que el proceso es más político que jurídico. Repentinamente, el Ministerio Público abrió una investigación penal por delitos de gestión abusiva, falsificación ideológica, apropiación y retención indebida en concurso con el delito de lavado de dinero bienes y activos.

Secuestros, audiencias en secreto, defensores de oficio que nadie admitió y cuando les permitieron defensas independientes, nunca los dejaron reunirse para entender de que los acusaban y como emprender el rechazo de las imputaciones. Hablar con su abogado, es un derecho mínimo para cualquier procesado, recordó la abogada.

“A Cristiana Chamorro le celebraron audiencia en su casa, le impusieron un defensor público, se le negó total acceso a esta defensa, ni durante la audiencia preliminar, ni durante la audiencia inicial se le permitió acceso a esta defensa”, reiteró la doctora Benavides, quien señaló que expusieron en tiempo y forma cada nulidad, pero que la judicial nunca les dio lugar y llevó a los procesados a condena.

Jocelyn Nieva, asesora legal principal para América Latina del Centro Internacional para la Ley del Sector no Lucrativo, explicó que aunque es cierto que los países están obligados a promover leyes que cumplan con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional,  (GAFI), no es una especie de “cheque en blanco” para que el régimen de cualquier país, apruebe leyes para reprimir, bajo el supuesto que combate el lavado de dinero o el riesgo de lavado de dinero.

“¿Cumple la ley aprobada con el estándar que propone el GAFI? Esa sería la primer pregunta”, dijo al analizar las leyes con que Ortega-Murillo secuestró, enjuició y condenó a quienes él considera enemigos políticos. “No puede la ley surgir con otras intenciones que no sea la prevención del lavado de activos, si restringe el trabajo de las organizaciones como las oenegés, hay un problema de aplicación”, explicó la doctora Nieva.

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El régimen Ortega-Murillo ha anulado al menos 139 oenegés hasta mediados de marzo, bajo la misma presunción de anomalías en sus informes financieros, lo que supuestamente las colocaba en situación vulnerable para delitos como el lavado de activos.  Las organizaciones eran fundaciones y asociaciones de la sociedad civil dirigidas a fomentar el desarrollo social, político, económico, de derechos humanos, democracia, de educación y de salud en Nicaragua.

En el caso de la FVBCh, su directiva decidió su cierre tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros que la obligaría a una serie de restricciones para funcionar. “Hemos visto que las leyes aprobadas no son proporcionales al trabajo que hacen las organizaciones y hay una afectación”, concluyó Nieva.

“NO SE PUEDE DEJAR DE DENUNCIAR”

Los especialistas dijeron que lo que ha pasado con la FVBCh, sirve para entender las irregularidades perpetradas por la justicia del régimen contra los demás presos políticos. “Parece haber un patrón que cumple al régimen cleptócrata del señor Ortega”, criticó por su lado el penalista peruano José Ugaz Sánchez-Moreno.

Para Sánchez Moreno, los abusos del régimen deben ser documentados porque a su criterio, aunque el régimen crea que puede sostenerse en el tiempo, “esos sistemas no son eternos y llegan a su fin más temprano que tarde”.

“Si hay un fracaso de la justicia local, se debe creer en la justicia universal, ya hay pasos en esa dirección”, dijo al recordar también el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y más recientemente la decisión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de investigar al régimen.

El exsecretario de la CIDH, Paulo Abrão, señaló que el régimen ha impuesto en Nicaragua una “legalidad autoritaria represiva que ataca los espacios democráticos, a políticos de otra ideología, a oenegés, a periodistas y medios de comunicación” con el único objetivo y “además visible”, de mantenerse en el poder. “Hay claras evidencias que se han abierto procesos ilegítimos, nulos desde la raíz”, remarcó.

LLAMADO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Abrão coincide con Sánchez Moreno en que la decisión de la ONU de organizar una comisión especial que investigue al régimen tendrá sólidos aportes en la búsqueda de justicia para las víctimas de la represión en Nicaragua. “Hay mucha esperanza en ese mecanismo del sistema de justicia universal, ya se ha denunciado, se viene documentando y debe seguirse denunciando hasta que haya justicia verdadera”, dijo.

Como parte de sus conclusiones del encuentro, la expresidenta de  Costa Rica, Laura Chinchilla una voz internacional que ha destacado entre los críticos del régimen Ortega-Murillo, dijo que era necesario que la comunidad internacional aporte más al restablecimiento de la democracia en Nicaragua.

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“Nicaragua enfrenta un régimen dinástico, dictatorial y cruel, hemos visto cómo el sistema interamericano se ha quedado corto para detener sus abusos, no se puede dejar seguir, la comunidad internacional debe actuar y hacerlo lo más rápido posible”, recomendó.