Desterrar a un ciudadano es una "monstruosa y vulgar extorsión", una práctica al estilo de Somoza
La expulsión y el destierro de enemigos políticos fue un castigo al que recurrió la dictadura de la familia Somoza.
El destierro de los productores musicales Salvador Espinoza y Xóchilt Tapia es una "monstruosidad" que en Nicaragua solo la han implementado las dictaduras.
La expulsión y el destierro de enemigos políticos fue un castigo al que recurrió la dictadura de la familia Somoza. Manolo Cuadra y Pedro Joaquín Chamorro lo sufrieron.
Desde 2018 los Ortega-Murillo han ordenado expulsiones de ciudadanos, pero es el caso de los productores musicales de SaxoProducciones y del vocalista de Monroy&Surmenage, Josué Monroy, el que ha desnudado la práctica que defensores de derechos humanos califican como aberrante.
Aclaran que no fueron liberados, son víctimas de un grave delito: “Fue extorsión decirles ´fuera del país o la cárcel´”, valora la doctora Vilma Núñez del ilegalizado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“Echar a un nicaragüense de su propio país, no solo es un delito, es una monstruosidad”, agrega Gonzalo Carrión del colectivo Nicaragua Nunca+ que funciona desde Costa Rica debido a la persecución política.
Ley en mano, los defensores de derechos humanos tienen claro que las autoridades del régimen no pueden explicar con racionalidad legal el exabrupto cometido contra Salvador Espinoza, y Xóchilt Tapia, quienes fueron sacados de una celda de El Nuevo Chipote y llevados al aeropuerto para salir de su propio país.
NO CABE DESTERRAR NI EXPULSAR SIN CAUSA JUSTIFICADA
Se maneja que el vocalista Josué Monroy también fue expulsado hacia El Salvador por tener esa nacionalidad junto a la nicaragüenses, y que el productor Leonardo Canales, fue deportado a Costa Rica el fin de semana pasado. Pero hasta antes de sus secuestros, ocurrido el Martes Santo, 12 de abril, ninguno tenía algún proceso migratorio abierto, ni de revisión, ni administrativo.
Expertos en temas de migración consultados por DESPACHO 505 explicaron que aunque la expulsión es un mecanismo legal contra un ciudadano que ha adquirido la nacionalidad nicaragüense, cuando se cree algo ha hecho mal, esta debe hacerse bajo “un debido proceso”, uno en el que el ciudadano tenga defensa. “Porque tiene familia, tiene arraigo, bienes. No es así, una cosa de la noche a la mañana”, dice una abogada que confió a este medio su criterio bajo condición de anonimato por temor a la persecución política del régimen.
“En el caso del matrimonio Espinoza-Tapia, al ser ellos nicaragüenses de nacimiento y tenerla como nacionalidad única, no cabía ni expulsión, ni destierro, ni deportación, lo que ha pasado aquí es grave, muy grave, ilegal por supuesto, lesiona un derecho constitucional, por eso decimos, es grave”, advierte la especialista.
LA LEY OBLIGA A LAS AUTORIDADES A ABRIR UN PROCESO
Explicó la abogada que antes de una expulsión, las autoridades de la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua deben notificar la apertura de un proceso administrativo. “La persona en revisión debe tener derecho a ser asistido, documentar una respuesta al cuestionamiento, ahora si hubiese una decisión adversa; deber haber una resolución y ser notificada. Es un asunto de ley”, señala.
Aunque hay un listado de causales con la que las autoridades de gobierno podrían sustentar la salida forzada del país de un ciudadano con otra nacionalidad, una reforma de marzo de 2011 a la Ley No. 761 o Ley General de Migración y Extranjería, es la que le ha permitido al régimen, sacar del país a quienes considere una molestia.
Al artículo No.174, le agregaron que la expulsión se haría cuando al autoridad considere que las actividades de la persona bajo el proceso “comprometen el orden público, la seguridad ciudadana y la soberanía nacional”. “El problema es que deja mucho a la interpretación de la autoridad, hay mucha discreción”, dice otro abogado también consultado para este tema.
“Debemos estar claro que si nada de lo que hemos dicho se cumplió, los nicaragüenses expulsados quedan apátridas, es un problema grave, se les arrebató la nacionalidad, eso viola sus derechos humanos”, agregó el especialista.
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Recordó que el articulo 20 de la Constitución dice que: “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”. “No cabe expulsión, ni destierro contra ningún nicaragüense en su país, es totalmente ilegal”, señaló.
EXPULSION EN LA OSCURIDAD
Los especialistas creen que cada acción fue ilegal y cayeron en “oscuros abusos”. “Se atropellaron leyes grandes y pequeñas”, advirtieron por su lado los defensores de derechos humanos.
“Vemos a un poder judicial que ordenó un allanamiento, si es que lo hizo, una policía que lo ejecuta, secuestra a los músicos y carga con guitarras y parlantes, pero ¿y la acusación? ¿Y el comunicado explicando el proceso? No hay”, criticó Carrión. “Lo que vemos es que ciudadanos nicaragüenses son expulsados de su propio país, en un proceso oscuro, ilegal”, critica. “Eso un vulgar secuestro extorsivo, me resisto a llamarle liberaciones”, señala por su lado Núñez.
Explica la directora del Cenidh, que cuando una persona es liberada, puede ir donde él quiera, pero en este caso, los músicos debieron irse del país. “La misma familia dice que le dijeron que sin boletos no salían, una barbaridad, eso no tiene nombre”, expone la activista de derechos humanos.
DESTIERROS Y EXPULSIONES AL MEJOR ESTILO DE SOMOZA
La expulsión y el destierro de enemigos políticos fue por muchos años un castigo al que recurrió la dictadura de la familia Somoza. En 1937 el dictador Anastasio Somoza García desterró a Manolo Cuadra por sus escritos subversivos. Fue enviado a Corn Island, por entonces una isla lejana y solitaria y después a Costa Rica.
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El 14 de julio de 1944, estudiantes universitarios, abogados y políticos de otros partidos, en total 22, fueron confinados a Corn Island también, por orden de la misma dictadura. Otro destierro conocido por esa dictadura fue contra Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, quien fue confinado a San Carlos en 1957.
Pero los músicos no son las únicas expulsiones y destierros de Daniel Ortega, quien ha copia bastante bien a la dictadura que él mismo ayudó a derrocar. Solo en seis años, de 2010 y 2016 expulsó a un total de 25 extranjeros, entre ellos defensores de derechos humanos, artistas, periodistas y políticos. Y después de la insurrección cívica de abril de 2018, sumó otras expulsiones como la de la feminista Ana Quirós, ejecutada en noviembre de ese año.
“Lo que hemos dicho es que las figuras migratorias: rechazo, deportación y expulsión, no es aplicable a ningún nicaragüense, sería improcedente e ilegal. Y en el caso de Ana Quirós que tenía doble nacionalidad, fue expulsada cuando asistía a una cita en Migración, supo que sería expulsada ahí mismo, sin proceso”, criticó Carrión.
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