Dictadura confisca sede de la OEA en Managua y la convertirá en el "Museo de la Infamia"

La dictadura Ortega Murillo ha dado la orden de confiscar la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Managua. El inmueble fue declarado de utilidad pública por la Procuraduría General de de la República y será traspasado al Instituto Nicaragüense de Cultura (INC).

Rosario Murillo fue quien hizo el anuncio el mediodía de este martes: "La Procuraduría General de la República informa que el bien inmueble que ocupaba la oficina de la deplorable OEA, despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al Estado de Nicaragua, quien a través de la unidad ejecutora en este caso el Instituto de Cultura”, leyó.

También informó que el INC convertirá el edificio en lo que ha bautizado como “el museo de la infamia”. "¿Qué más infame que ese ministerio de colonia?”, añadió.

Todo quedará "legalizado" -dijo- en un acuerdo que será publicado en La Gaceta, diario oficial.

SEGUNDA SEDE DIPLOMÁTICA CONFISCADA

Este sería el segundo edificio diplomático que el régimen Ortega- Murillo confisca, el primero fue el de la embajada de China Taiwán en Managua, en diciembre de 2021, tras cortar relaciones con ese país para alinearse con China comunista.

La oficina de la OEA permanecía ocupada desde el pasado domingo, luego que el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicara su separación del organismo y la decisión de expulsar a los representantes de este en Nicaragua.

La OEA denunció de inmediato la acción que calificó de ilegítima la toma catalogándola como «una violación de las más elementales normas internacionales».

Incluso, previo al anuncio se conoció una carta en la que el secretario general, Luis Almagro repudió la acción de la dictadura, señalando que la expulsión de su representación y la toma de sus oficinas era un hecho sin precedentes en la historia diplomática de la región: «Nunca ello había ocurrido ni en los tiempos de las peores dictaduras en la región, incluidas las que había vivido Nicaragua”, dijo en la misiva que dirigió a la embajadora Elizabeth Darius- Clarke, presidenta del Consejo Permanente.

Almagro observó que se trata de una “violación de las más elementales normas de las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales, abriendo un precedente que la región no había conocido hasta ahora».

«Es absolutamente despreciable en términos jurídicos, políticos y éticos», y constituye una acción «de violencia” que atenta contra la normativa internacional, enfatizó.