CIDH denuncia acelerado cierre de espacios democráticos en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este miércoles de un acelerado cierre de los espacios democráticos en Nicaragua. El organismo que moniterea la evolución de la crisis nicaragüense desde su inicio en 2018, ve con precupación la cancelación masiva de organizaciones de la sociedad civil ejecutada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Particularmente, la CIDH advierte que el cierre masivo de las organizaciones, además de coartar completamente la legítima labor de defensa de los derechos humanos que realizan en el país, “tiene graves efectos para la población dejándola expuesta a mayor vulnerabilidad en cuanto a la protección y defensa de sus derechos".

“Estos hechos, ocurren en un contexto en el que los poderes (en Nicaragua) están alineados con el Ejecutivo, con lo cual no existen límites para el ejercicio del poder ni para impedir arbitrariedades”, criticó en un comunicado. 

El organismo que estuvo en Nicaragua para investigar los abusos cometidos por el régimen tras las protestas de abril de 2018, expuso se preocupación porque la Asamblea Nacional, que domina el orteguismo, ha ejecutado la anulación en
serie de las organizaciones civiles basándose en leyes que “le otorgan un amplio margen de discrecionalidad al legislador para ser aplicadas en contra de la sociedad civil organizada”.

LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN ES UN DERECHO

A la fecha, el orteguismo ha ilegalizado a más de 160 organizaciones. Para la CIDH, en Nicaragua padece un “continuo y acelerado cierre de espacio cívico y democrático en el país”. 

“La CIDH recuerda que la libertad de asociación, reconocida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Americana, es un derecho fundamental vinculado a todo sistema democrático. Este derecho se caracteriza por garantizar que las personas creen y participen en entidades u organizaciones con el objetivo de actuar colectivamente en la consecución de los más diversos fines”, explicó el organismo.

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Tras el estallido social de 2018, el Poder Legislativo de Nicaragua, controlado por el régimen de Daniel Ortega, ha tramitado 19 solicitudes de cancelación de personerías jurídicas.

Entre las más de 160 oenegés ilegalizadas se encuentran algunas que permitían el funcionamiento de instituciones médicas, de educación superior, centros de pensamientos, defensores del medio ambiente y de derechos humanos.

CPDH TENIA MEDIDAS PROVISIONALES 

La semana pasada, DESPACHO 505, consultó a la CIDH sobre la anulación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) la última organización local independiente que aun sobrevivía tras el cierre también del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh).

Al respecto, la CIDH respondió en su comunicado que “las personas que integran la CPDH son beneficiarias de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde 2019, por las amenazas y otros riesgos a su vida e integridad personal como consecuencia de su labor en defensa de los derechos humanos”. Señalaron además, que advertían con mucha preocupación su cierre.

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Recordó la CIDH, que el organismo defensor de derechos humanos en Nicaragua, era una de las últimas organizaciones que operaban formalmente en el país en la recepción de denuncias y la representación jurídica de decenas de víctimas de
violaciones a sus derechos humanos en el contexto de la crisis que se vive en el país y que ya cumple cuatro años.

OTROS CASOS

El organismo aprovechó para mencionar el cierre de organizaciones importantes para la sociedad nicaragüense como la Fundación Luisa Mercado, presidida por el exvicepresidente Sergio Ramírez; la Fundación para el Desarrollo Integral de la
Mujer Indígena de Sutiaba y; la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI).

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Esta “instancia –señaló sobre CODENI-- hace más de treinta años integra más de una decena de otras organizaciones encargadas de la promoción y protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes en Nicaragua”.

“La CIDH urge a Nicaragua a restablecer las garantías y libertades democráticas y a cesar todo tipo de persecución judicial, administrativa o de cualquier otra índole contra las personas y organizaciones que ejercen actividades legítimas y de relevancia democrática”, llamó el órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).