La delincuencia es privilegiada con libertad anticipada

El 13 de junio del año pasado, Heleng Isamara Morales Navas fue condenada a cuatro años de prisión por cometer varios robos a mano armada. Pero este miércoles, cuando apenas cumplía 10 meses en la cárcel fue privilegiada con una orden de libertad anticipada.

La exconvicta es una de mil presos comunes que el Ministerio de Gobernación otorgó el beneficio de convivencia familiar, entre ellos a algunos que no cumplían ni un año de la sentencia, mientras hay presos políticos que llevan más de la mitad de cumplimiento de penas y no son tomados en cuenta.

Desde los diferentes establecimientos penitenciarios del país fueron regresados a sus casas los mil reos comunes que guardaban prisión por diversos delitos, tal como lo anunció la vocera del régimen Rosario Murillo. Lo que no hace público la administración Ortega-Murillo es que entre los liberados están reos que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley para ser beneficiados con la convivencia familiar.

Uno de esos casos es el Morales Navas, condenada a cuatro años de cárcel por el delito de robo con intimidación agravado. Fue detenida el 13 de junio del 2021, es decir, llevaba 10 meses de cumplimiento de la condena y quedó libre con el mal llamado “perdón presidencial” o “indulto”.

De acuerdo con la Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, para que un condenado pueda acceder al beneficio de convivencia familiar debe reunir al menos tres cuartas partes del cumplimiento de su condena, además una evaluación de conducta y un pronóstico individualizado de reinserción social positivos.

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Asimismo, la Ley 745, de Ejecución, Beneficios y Control Jurisdiccional de la Sanción Penal en su artículo 35 establece que se podrá otorgar la “convivencia familiar extraordinaria” a personas mayores de setenta años o los que padezcan de enfermedades crónicas o en fase terminal, a las internas en periodo pre y post natal que no tengan las condiciones adecuadas en el centro penitenciario.

En el acto central de liberación de reos comunes realizado en las instalaciones del complejo penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, mencionó que el otorgamiento de convivencia familiar a los reos comunes “es parte de las políticas de Estado que buscan el bienestar de las familias nicaragüenses”.

DOBLE RASERO PARA PRESOS POLÍTICOS Y COMUNES

No obstante, mientras han sido liberados más de 27 mil reos comunes desde el 2016, supuestamente para “contribuir a la reunificación familiar”, la dictadura se ensaña con los presos políticos, según denuncia la activista y excarcelada política Ivania Álvarez.

Un ejemplo del doble rasero aplicado por la dictadura es el caso de Walter Montenegro Rivera, de 31 años, originario de Wiwilí, Jinotega. Fue detenido por la Policía Orteguista el  23 de octubre de 2018. Condenado a cinco años y medio de cárcel de los cuales ha cumplido tres años y medio, es decir, acumula más del 60 por ciento de su condena, pero sigue preso en el penal de Waswali, Matagalpa.

Otro caso es el de José Alcides Zeledón Úbeda, de 58 años, originario de Jinotega, detenido desde el 19 de noviembre de 2019 y condenado a cuatro años de cárcel. Según los registros del Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas, hasta la verificación de su condición, en el mes de marzo, lo mantenían en aislamiento, en celda de castigo en el penal de Waswali, Matagalpa.

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De igual manera, Álvarez denuncia el caso del opositor originario de Masaya, Carlos Alberto Bonilla, de 43 años, encerrado en La Modelo desde el 30 de abril de 2020. El reo político lleva más de la mitad de cumplimiento de su pena.

Según la Unidad de Defensa Jurídica, en el caso de Bonilla recibieron la denuncia de los familiares que aseguran que ya cumplió su pena, pero le han abierto otro proceso supuestamente por tenencia de droga dentro del penal.

“Es una táctica de la dictadura para mantener en la cárcel a los presos políticos”, dijo la organización de abogados que defienden a opositores.

La organización también llama la atención sobre el caso del preso político Jaime Navarrete, quien cumple su condena en julio de este año, pero tampoco ha sido beneficiado con la convivencia familiar.

Otra denuncia que hace la activista es que la dictadura asegura “contribuir a la reunificación familiar”. Sin embargo, a los reos políticos de El Chipote ni siquiera les regularizan las visitas familiares y tampoco les dejan recibir visitas de sus hijos menores de edad y menos que puedan verlos en fotografías o recibirles y enviarles una carta.

Familiares de la presa política Tamara Dávila, a quien el régimen mantiene en completo aislamiento, han denunciado que no le han permitido ver a su hija de seis años en 10 meses.

De acuerdo con el más reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas, en las cárceles de Nicaragua hay 181 reos de conciencia, de los cuales 171 son del contexto de las protestas sociales iniciadas en abril del 2018 y 10 de antes del estallido social.

Del total de presos políticos, 34 tienen edades de entre 55 y 79 años y 14 son mujeres, varias de ellas mayores de 55 años.