ONU preocupada por ley represiva contra oenegés en Nicaragua: "Cesen las indebidas cancelaciones (y) devuelvan todos los bienes"

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) se declaró "profundamente preocupada" por la entrada en vigor de una nueva ley para regular a las oenegés en Nicaragua.

Se trata de la Ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro. La norma entró en vigor el 6 de mayo del 2022 y, según la Oficina de Michell Bachellet "restringe aún más el funcionamiento de la sociedad civil" en el país, alertó en referencia a la cancelación de más de 200 personerías jurídicas desde el 2018, año en que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo iniciaron una persecusión sin tregua contra opositores, organizaciones y medios de comunicación incómodos.

Liz Throssell, portavoz de Oacnudh considera que el texto legal "profundiza la represión del espacio cívico", pues dificulta el registro de las organizaciones al obligarlas a solicitar al Gobierno a aprobar sus actividades e imponerles nuevas obligaciones de información "como detallar las fuentes de financiación, los estados financieros, las actividades y los beneficiarios. Además, la ley prohíbe a las ONG hacer proselitismo político y políticas partidarias, sin definir qué incluyen dichas acciones", señala.

"Tal como recomienda la Alta Comisionada, es crucial que las autoridades nicaragüenses cesen las indebidas cancelaciones y restablezcan la personalidad jurídica de todas las organizaciones, partidos políticos y medios de comunicación que han sido cerrados arbitrariamente. Instamos a las autoridades a que devuelvan todos los bienes, documentos y equipos indebidamente incautados", señaló Throssell.

PENALIZACIONES

La Ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro que fue aprobada el 31 de marzo de este año por la mayoría orteguista en la Asamblea Nacional, impone a las organizaciones sin fines de lucro sanciones administrativas de «multa, intervención y suspensión, cuando corresponda».

Además, establece que el Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de Registro y Control de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), podrá emitir un dictamen para solicitar la cancelación de la personería jurídica.

Para Throssell, resulta aún más "preocupante" que la entrada en vigencia de la nueva norma ocurrrió la misma semana en que el Parlamento caceló la personalidad jurídica de 50 organizaciones en un mismo día, la mayor cantidad que han ilegalizado los diputados en una misma sesión.

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El argumento del régimen es que las oenegés incumplieron una serie de normas establecidas en las leyes vigentes, pero los representantes de dichas asociaciones han manifestado que las autoridades del Ministerio de Gobernación se negaron a recibir la documentación requerida.

La nueva ley es considerada por expertos como “represiva” y legaliza las confiscaciones que el régimen ejecutaba a las oenegés despojadas de su personería jurídica.

MAYOR REPRESIÓN

La portavoz de la Oacnudh apuntó que la ley "profundiza la represión del espacio cívico", ya que señala que se dificulta el registro de las organizaciones, además las obliga a solicitar al gobierno que apruebe sus actividades e impone nuevas obligaciones de información "como detallar las fuentes de financiación, los estados financieros, las actividades y los beneficiarios. Además, la ley prohíbe a las ONG hacer proselitismo político y políticas partidarias, sin definir qué incluyen dichas acciones".

El artículo 12 de la Ley establece que las asociaciones podrán contar con un 25% de los miembros extranjeros, lo que para la Oacnudh, restringe "gravemente el derecho de los extranjeros a disfrutar de la libertad de expresión y asociación en el país".

"Tememos que estas restricciones tendrán como efecto de coartar la libertad de expresión y asociación de cualquier organización que quiera ser crítica hacia el Gobierno", indicó la funcionaria.

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Según un recuento de la Oacnudh, desde el 2018, a raíz de la crisis sociopolítica se han cerrado al menos 209 organizaciones de las cuales 137 se han ejecutado en este primeros cinco meses del 2022.

Entre las organizaciones ilegalizadas hay instancias de derechos humanos, oenegés que promocionaban los derechos de las mujeres, de pueblos indígenas, asociaciones médicas así como de educación y desarrollo. Las ilegalizaciones alcanzaron a 12 universidades que ahora muchas de ellas están bajo el control oficial.