Más de 154 personas siguen en prisión y “casa por cárcel” por oponerse a la dictadura en Nicaragua

Han pasado seis meses desde que la dictadura de Daniel Ortega ejecutó la última liberación masiva de presos políticos en Nicaragua. La mañana del 9 de febrero el país despertó con la noticia de que un avión había despegado de Managua con 222 personas a bordo rumbo a Washington, Estados Unidos. Pero hay más de 60 personas que siguen encarceladas por oponerse al régimen, aunque no estén todos los días en la agenda política, no salgan en los medios de comunicación o simplemente porque no eran rostros visibles de oposición.  

Sus familias siguen sufriendo en silencio y la gran mayoría no se atreve a denunciar públicamente las detenciones por temor a represalias.   

Hasta el primer semestre de este año, el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas en Nicaragua, había documentado que al menos 64 personas siguen en las cárceles de la dictadura.  

“Hay un subregistro de los casos, porque hay gente que sabemos que está presa, pero su familia no se atreve a denunciarlo porque tienen miedo de lo que les puedan hacer”, explica Ivania Álvarez, opositora excarcelada política y miembro del Mecanismo, cuyos informes son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

En total, 54 de los 64 presos políticos fueron detenidos en el contexto de la rebelión de abril de 2018 y los otros 10 fueron detenidos en años anteriores.  

Este año, pese al destierro de 222 presos políticos en el mes de abril, la dictadura no ha dejado de encarcelar por razones políticas.  

En el mes de abril fueron detenidas 47 personas en todo el país, de las cuales a la fecha ninguna ha sido liberada, indica a DESPACHO 505 el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas. 

Las personas que se agregan a la lista fueron en su mayoría fueron detenidas arbitrariamente durante la escalada represiva por las celebraciones religiosas de Semana Santa, la conmemoración del 5to aniversario de la Rebelión de abril 2018 y las detenciones masivas a opositores y personas activistas políticas que aún permanecían en el país y que estaban organizadas en algún espacio social o político. 

MÁS DE 90 FIRMAN TODOS LOS DÍAS EN LAS ESTACIONES DE POLICÍA 

En el mes de mayo, la Policía Orteguista implementó dos masivas redadas (los días 3 y 13) contra opositores en todo el país. Fueron sacados de sus casas durante la noche y la madrugada, llevados a Managua y sustraídos de su juez natural para ser acusados por supuesta “traición a la patria”.  

Más de 90 personas siguen presentándose a diario en las estaciones de la Policía Orteguista. No están encarceladas, pero sienten que tienen “casa por cárcel”.  

Van a la Policía, firman, les toman una foto y la advertencia es siempre la misma: no pueden manifestarse en contra del régimen.  

“Estas personas viven una zozobra diaria, es peor que estar en la cárcel porque no saben cuándo las van a llegar a traer, cuándo les harán un juicio y no pueden salir legalmente del país”, dice a DESPACHO 505 una abogada defensora.  

Ivania Álvarez explica que otras de estas personas a las que han denominado “procesadas políticas” han perdido su trabajo en zonas francas, empresas privadas o han clausurado pequeños negocios. 

“Es como si tuvieran declarada una muerte civil”, explica la activista. 

CAMPAÑAS POR LA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS 

La tragedia que atraviesan estas personas, muchas en silencio, podría alargarse por mucho más tiempo, puesto que no se vislumbra una salida a su situación jurídica, no hay una negociación en curso entre el régimen y la oposición que se encuentra en el exilio. 

“El activismo y la demanda por la liberación de estas personas está ahora en las manos de los opositores que están fuera porque adentro es comprensible que nadie quiera hablar”, señala Ivania Álvarez.  

La presión de la comunidad internacional también es clave para lograr una liberación de los presos políticos. 

Actualmente hay varias campañas en curso para que todas estas personas sean liberadas.  

Organizaciones opositoras como la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), opositores excarcelados, organismos de derechos humanos y gobiernos de la comunidad internacional han demandado al régimen liberar a todos los detenidos. La decisión está en las manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.