La presa política Alba Paola Lira es condenada a ocho años de cárcel por “ciberdelitos” 

La presa política Alba Paola Lira, una joven del municipio de La Trinidad, Estelí, que fue acusada por la Fiscalía de dirigir una página en redes sociales que publica contenido contra el régimen de Daniel Ortega, fue sentenciada a ocho años de cárcel por los supuestos delitos de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, confirmó a DESPACHO 505 un abogado que ha dado seguimiento al caso. 

La sentencia es considerada una flagrante violación al derecho constitucional a la libertad de expresión y el derecho a disentir con el régimen que ha sido criminalizado, principalmente, desde abril de 2018. 

La joven fue condenada a tres años de cárcel por propagación de noticias falsas y a cinco años “traición a la patria”. Durante el proceso, plagado de irregularidades, la presa política no tuvo acceso a una Defensa privada. Fue sentenciada desde la cárcel en un juicio que pudo seguir a través de videoconferencia en la plataforma Zoom.

“Ha sido un proceso en el que se vulneró por completo el debido proceso”, explica el abogado. 

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La presa política de 33 años fue detenida ilegalmente por la Policía Orteguista el pasado 11 de octubre y fue trasladada a Managua donde permanecía en desaparición forzada por más de un mes.  

El proceso judicial fabricado por la Fiscalía en contubernio con la policía lo enfrentó en el Sistema Penitenciario de  Mujeres de Tipitapa, donde permanece cumpliendo la condena impuesta por la justicia orteguista.  

UN PULPERO DE MATAGALPA CONDENADO  

El pulpero Douglas Castillo Acevedo, de 63 años,  que fue detenido un día antes que Alba Paola Lira, en Terrabona, Matagalpa, también se sumó a la creciente lista de presos políticos condenados por la justicia orteguista, tras ser acusado por un delito común.  

De acuerdo con el abogado Yader Valdivia del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el preso político fue sentenciado a siete años de cárcel por el supuesto delito de tráfico de armas.  

Al detenido, opositor al régimen de Daniel Ortega, se le vulneró por completo el debido proceso y fue obligado a ser representado por un abogado de la Defensoría Pública.  

“A él se le asignó de oficio un defensor público que en los procesos contra presos políticos se convierten en cómplices  de la Policía, Fiscalía y el Poder Judicial para emitir las condenas”, denunció el defensor.  

Según el Colectivo, la dictadura está acusando a opositores por delitos comunes para intimidar a los familiares e impedir que presenten denuncias de las detenciones arbitrarias en organismos de derechos humanos.  

Al procesar a los presos políticos por delitos comunes, a los familiares los amenazan con restringirles las visitas si presentan denuncias públicas.