Nicaragua retrocede en libertades y se mantiene un “ambiente generalizado de miedo y terror”, según Freedom House 

Nicaragua recibió una calificación de 16/100 en el informe anual sobre libertad en el mundo que realiza el Freedom House. El país ha sido uno de los que más ha retrocedido en el continente americano en términos de libertades durante el 2023, un año marcado por la persecución del régimen de Daniel Ortega a la Iglesia católica y el cierre de importantes universidades.  

“La actual campaña de represión e intimidación por parte de las fuerzas estatales y pro-gobierno genera un ambiente generalizado de miedo y terror que coarta la libertad de expresión”, señala el informe divuñgado este jueves.   

Con una caída de tres puntos respecto al año anterior, Nicaragua mantiene la categoría de país “no libre” en el ranking mundial de Freedom House, una deshonrosa posición que comparte con los regímenes de Cuba y Venezuela. De hecho, somos uno de los países que más puntos ha perdido durante los últimos diez años, con 35 puntos menos en total.  

Los retrocesos han sido en todos los niveles, sobre todo en materia de libertades civiles como la de expresión y culto. También hubo retrocesos en materia de participación política, asociación y estado de derecho.  

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En términos de procesos electorales libres, Nicaragua obtiene una calificación de 0/12, puesto que el país se encuentra sumido bajo una dictadura que controla todas las instituciones del Estado y han sido utilizadas por Ortega y Murillo para perpetuarse en el poder.  

En materia de pluralismo político y participación, los partidos encuentran “obstáculos prácticos y jurídicos” contra su formación y funcionamiento. “Los líderes de los partidos son fácilmente inhibidos o descalificados por parte de las instituciones partidarias de Ortega”, destaca el informe.  Normalmente, se exige ser miembro del FSLN para poder ocupar cargos públicos.   

El funcionamiento del Gobierno recibe una calificación de 2/12. Ortega y el FSLN dominan la mayor parte de las instituciones públicas. El FSLN se adjudicó en 2021 la mayoría absoluta de los escaños de la Asamblea Nacional en unas elecciones que no fueron libres ni justas.  

“Bajo las reformas constitucionales del 2014, Ortega cuenta con un gran número de poderes discrecionales para establecer políticas. El dominio del ejecutivo sobre el legislativo conlleva una falta consistente de vigilancia”, advierten.  

LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA 

Las autoridades han denunciado y difamado a funcionarios de la Iglesia católica por acompañar o defender a los opositores desde que fueron reprimidos en 2018.   

“Desde entonces el régimen ha seguido apuntando hacia el clero católico y continúa restringiendo la libre expresión religiosa”, afirma la organización internacional. 

En febrero del año pasado, un tribunal condenó al obispo Rolando Álvarez, crítico acérrimo del régimen. Detenido en 2022, fue condenado a 26 años de cárcel por varias acusaciones, entre ellas la de traición al negarse al exilio en Estados Unidos. Además, el tribunal ordenó la revocación de su ciudadanía nicaragüense. Después fue enviado al destierro a Roma junto a otros sacerdotes.  

En agosto de 2023, el régimen disolvió la Compañía de Jesús, más conocida como los Jesuitas de Nicaragua y confiscó sus bienes. La Universidad Centroamericana (UCA), también fue confiscada.  

ESTADO DE DERECHO, CASI INEXISTENTE

En materia de estado de derecho, Freedom House otorga a Nicaragua una calificación de 2/16. 

“Nicaragua carece de una judicatura independiente”, denuncian. El Ejecutivo (Ortega y Murillo) incide fuertemente sobre la nominación de magistrados y jueces, y la lealtad hacia el partido de gobierno determina sus nombramientos; se informa que muchos, por no decir la mayoría, de los jueces tienen vínculos con el FSLN”, agregan. 

En la carrera por las elecciones de 2021, el Poder Judicial desempeñó un papel crucial al ordenar la captura de miembros de la oposición y anular el estatus jurídico de los partidos opositores. Además, la judicatura ha presidido “juicios falsos” contra opositores del régimen. 

En octubre del 2023, la vicepresidenta Murillo presidió una purga de la rama judicial, afirma Freedom House. Al menos 900 jueces y funcionarios fueron destituidos, inclusive la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos.