El Estado convertido en una maquinaria de terror al mando de Ortega y Murillo

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha usado a todas las instituciones públicas y los servicios de inteligencia y contrainteligencia de la Policía y el Ejército para realizar espionaje, perseguir, apresar, desterrar o desnacionalizar a los nicaragüenses que identifiquen como opositores, críticos o disidentes políticos.

El informe del Grupo de Experto en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, reveló por primera vez una lista de 54 funcionarios al mando de una maquinaria del terror para cometer violaciones y crímenes de lesa humanidad, en Nicaragua, encabezada por los codictadores Ortega y Murillo.

En el informe, el Grupo identificó 10 estructuras, cada una con tareas específicas en la represión.

En ese esquema, el régimen usa como brazos represores a la Policía y al Ejército, que complementan su trabajo con los secretarios políticos del Frente Sandinista, los alcaldes, la juventud sandinista y los ministerios de Salud, Educación, Agricultura, Telcor y el resto de instituciones públicas.

El trabajo de campo lo realiza la Juventud Sandinista, los trabajadores públicos mayormente los de salud y educación, y el espionajes tecnológico se realiza desde el Telcor por medio de las antenas de celulares, correos electrónicos y las direcciones IP del internet.

A continuación te presentamos las 10 estructuras identificadas por la ONU responsables de la represión y crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.

1 – Inteligencia y vigilancia ciudadana

La pareja de dictadores dirigen la vigilancia y el espionaje en Nicaragua. Las tareas están repartidas entre Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ortega es el encargado de controlar a los cuerpos armados: la Policía, el Ministerio del Interior y el Ejército. También, tiene bajo su responsabilidad la estructura política del Frente Sandinista. Murillo, por su parte, controla a las instituciones públicas, sobre todo a Telcor, el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, el Ministerio de la Juventud, la Procuraduría General de la República, Migración y las entidades monetarias como el Banco Central y la Siboif. 

2 – Ejecuciones extrajudiciales en contexto de las protestas en 2018

En las ejecuciones extrajudiciales, también eran controladas por Ortega y Murillo, para ello, emplean a la Policía, el Ejército, a los secretarios políticos del FSLN, el Poder Judicial y los diputados de la Asamblea Nacional para secuestrar, enjuiciar y desterrar a opositores nicaragüenses.

Cada una de las instituciones jugaron un papel clave. Los secretarios políticos realizaban el trabajo de espionaje, que luego reportaban a la Policía y el Ejército que se encargaban de los arrestos. 

La Asamblea Nacional, por su parte, aprobaba leyes represivas. La Fiscalía se encargaba de acusar, mientras que el Poder Judicial realizaba los juicios sin garantías procesales.

3 – Detenciones arbitrarias y juicios injustos

El entramado de vigilancia y espionaje visitan las iglesias para escuchar las homilías, su misión es grabar o tomar fotografías de los sacerdotes por si alguno se atreve a criticar a la dictadura. Estos ataques están dirigidos mayormente contra los sacerdotes y obispos en todo el país.

En esta estructura participan el Frente Sandinista y sus ramificaciones, Policía, Ejército, Ministerio del Interior, Fiscalía, Poder Judicial y Telcor. Una vez fichados los sacerdotes, en el caso de los que han sido desterrados, eran secuestrados de manera exprés o por medio de una desaparición forzada.

4 – Desapariciones forzadas

Los arrestos eran ordenados por Ortega y Murillo y fueron ejecutados por miembros de la Policía Orteguista y paramilitares, integrados por exguerrilleros y miembros de la Juventud Sandinistas. Una vez que secuestraban a los religiosos y a los opositores, pasaban días y semanas en estado de desaparición forzada.

Durante ese tiempo, la Policía presentaba las denuncias que pasaban a mano de la Fiscalía que se encargaba de acusar en secreto a los religiosos detenidos sin derecho a una defensa pública o privada. Los testigos que incriminaban a los religiosos eran miembros activo de la Policía. Esta etapa, trabajaban articuladamente la Policía, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, antes Gobernación, y miembros del Frente Sandinista.

5 – Tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes

Una vez arrestados y en estado de desaparición forzada, los miembros de la Policía y el Ejército ejecutaban torturas físicas y sicológicas desde las diferentes cárceles de Nicaragua. Estas torturas fueron aplicadas a periodistas, sacerdotes y  opositores.

6 – Expulsión de nacionales y denegación de ingreso a su propio país

Una vez que la dictadura decide desterrar o desnacionalizar a un nicaragüense, se activan la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía, Migración, el Ejército, Telcor y el Frente Sandinista. Esta estructura usa todos los medios a su disposición para justificar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

7 – Privación arbitraria de la nacionalidad y denegación de protección

Una vez que el disidente es condenado a puertas cerradas y sin derecho a una defensa jurídica, se activa la maquinaria judicial para retirar la nacionalidad, y con ello la muerte civil. En esta etapa se activan el Consejo Supremo Electoral por medio del registro civil, el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Universidades, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, la Policía, el Ejército, entre otros.

8 – Cancelación de la personalidad jurídica de organismos sin fines de lucro

Paralelamente a los secuestros forzados, desde el 2018 la dictadura Ortega-Murillo inició una cruenta persecución contra los Organismos No Gubernamentales. Desde esa fecha, el Ministerio de Gobernación, ahora Ministerio del Interior, ha ilegalizado a 5.660  oenegés. Sus bienes han sido confiscados y pasado a manos del Estado, que posteriormente los ha repartido entre el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de Universidades, y el Tecnológico Nacional.

9 – Amenazas, acoso y vigilancia

El Grupo de Expertos concluyó que las amenazas, el acoso y la vigilancia se siguen realizando y responsabiliza tanto a Ortega como Murillo, como a la Policía, el Ejército, la Procuraduría General de la República, Telcor, Migración, el Ministerio de Salud, Educación, Tecnológico Nacional, entro otros organismos.

10 – Confiscación de bienes

Una vez que los nicaragüenses son desterrados o desnacionalizados inicia el proceso de confiscación de los bienes muebles e inmuebles, que posteriormente son transferidos a instituciones como el Ministerio de Salud. En esta etapa participan la Policía, la Asamblea Nacional, la Fiscalía, el Poder Jucidial y la Procuraduría General de la República.