“Nos niegan los papeles, y ahora pretenden negarnos el país”: Exiliados en País Vasco condenan eliminación de la doble nacionalidad

La más reciente reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional, bajo el control absoluto del régimen Ortega-Murillo, sigue extendiendo la maquinaria represiva del Estado más allá de las fronteras nicaragüenses. Esta vez, apuntando directamente contra la diáspora, al eliminar el derecho a la doble nacionalidad.

Desde el País Vasco, la Asociación por el Desarrollo y la Innovación Social (ADIS), conformada por nicaragüenses en el exilio, ha alzado su voz con firmeza y dolor, denunciando lo que consideran un atropello jurídico y humano. “La patria no se renuncia, ni se expulsa: se lleva viva, aunque nos la nieguen”, expresaron en un pronunciamiento público.

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La reforma —aprobada sin debate real ni participación ciudadana— ha sido calificada por ADIS como una aberración legal y un “acto de violencia política, simbólica y emocional” contra miles de personas obligadas a abandonar Nicaragua a causa de la represión estatal. 

“La reforma legaliza el despojo de la ciudadanía a quienes han adquirido otra nacionalidad como acto de supervivencia y dignidad. No elegimos irnos: nos forzaron a cruzar fronteras para proteger nuestras vidas”, denuncia la organización.

En una muestra más de su estrategia de castigo contra la disidencia, el régimen ahora intenta borrar el vínculo legal de miles de exiliados con su país de origen, mientras mantiene una retórica que desconoce el valor humano de quienes han tenido que rehacer sus vidas fuera del territorio nacional.

“Pretender que al recibir un nuevo pasaporte dejamos de ser nicaragüenses es un acto de crueldad política que intenta borrar no solo nuestro vínculo jurídico con el país, sino también nuestra memoria y nuestro derecho a regresar”.

Apatridia de facto

Para ADIS, este golpe va más allá de una medida administrativa. Denuncian que profundiza el estado de “apatridia de facto” al que ya han sido empujadas cientos de personas a quienes el régimen ha negado la posibilidad de obtener pasaportes, cédulas y servicios consulares. Una táctica deliberada para marginar, invisibilizar y castigar a quienes se han exiliado por persecución política.

La instrumentalización del aparato estatal se extiende también al terreno económico. En un contexto donde el 87.3% de la población en Nicaragua no logra cubrir la canasta básica, el régimen mantiene una política de dependencia de las remesas enviadas por el exilio —que ya representan el 27% del PIB nacional— mientras reprime a quienes las envían. “El régimen quiere el dinero del exilio, pero no reconoce ni respeta la dignidad de quienes lo envían”, critica con contundencia el pronunciamiento.

Solo en el primer trimestre de 2024, más de 1,140 millones de dólares en remesas han ingresado a Nicaragua, revelando el rol vital del exilio en la economía del país. Aun así, el régimen responde con desprecio institucional y castigo simbólico a quienes sostienen desde lejos a sus familias.

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ADIS hizo un llamado urgente a la comunidad internacional a no mirar hacia otro lado ante esta nueva ofensiva autoritaria. “Ser nicaragüense no es un trámite ni un favor del Estado. Es un vínculo profundo con una tierra y un pueblo que seguimos amando, incluso desde la distancia”.

La reforma, lejos de consolidar la soberanía del país, confirma una vez más que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza el aparato legal no para proteger derechos, sino para destruirlos, criminalizando la identidad y castigando la memoria.