Jesuitas acusan al régimen de intensificar la represión con reforma que elimina doble nacionalidad

El Servicio Jesuita de Costa Rica denunció que la reforma constitucional promovida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para eliminar la doble nacionalidad no solo es una violación a los derechos fundamentales de los nicaragüenses, sino que representa una nueva fase en la política de persecución y castigo contra el exilio.

“Esta medida profundiza la represión contra las personas que han sido forzadas a huir (de Nicaragua), y se suma al patrón de violencias que, incluso en el exilio, persigue a miles de personas nicaragüenses”, advirtió la organización, que forma parte de la Compañía de Jesús, en un pronunciamiento divulgado en sus redes sociales.

Los jesuitas rechazaron la reforma constitucional aprobada el 16 de mayo por la Asamblea Nacional, controlada por la dictadura, la cual establece que los nicaragüenses de nacimiento perderán automáticamente su nacionalidad si adquieren otra ciudadanía, a partir de 2026.

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El Servicio Jesuita recordó que ha acompañado a cientos de nicaragüenses en su proceso de naturalización en Costa Rica, a quienes describen como personas que buscan reconstruir sus vidas con dignidad tras huir de la represión. “Esta ha sido una vía de protección e inclusión para quienes han optado por construir una nueva vida”, subrayaron.

Miles se verían afectados 

Desde 2023, el régimen ha despojado arbitrariamente de su nacionalidad a más de 450 personas, la mayoría opositoras, defensores de derechos humanos, periodistas, sacerdotes y activistas, muchos de ellos también víctimas de confiscación de bienes.

“La situación de derechos humanos en Nicaragua sigue siendo crítica por las persistentes violaciones a los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales”, advirtió el pronunciamiento, en el que reafirmaron su compromiso de seguir “informando, protegiendo y acompañando” a quienes enfrentan la migración forzada.

La reforma —que deberá ser ratificada en una segunda legislatura en 2026 para entrar en vigor— afectará directamente a los miles de exiliados que aspiran a regularizar su situación en el país de acogida mediante la obtención de otra nacionalidad.

El dictador Daniel Ortega y su círculo más cercano han defendido la medida con el argumento de que “nadie debe servir a dos patrias”, repitiendo el discurso que han usado desde 2018 para justificar la persecución, cárcel, exilio y despojo de derechos contra quienes se le oponen.