Miskitos exigen a la dictadura prueba de vida de Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez

Organizaciones de afrodescendientes en el exilio exigieron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo una prueba de vida de los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, exdiputados del partido Yatama, detenidos en septiembre de 2023 y cuyo paradero se desconoce hasta la fecha.

Rendel Hebbert López, miembro de la Coordinadora Afrodescendiente de Nicaragua, denunció que ni las familias ni sus organizaciones han tenido acceso a información sobre los detenidos. “La falta de contacto directo o siquiera confirmación oficial sobre su estado representa una grave violación a los derechos humanos”, declaró.

Rivera y Henríquez fueron arrestados durante una ola de detenciones contra líderes indígenas tras el quiebre de la alianza entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y Yatama, un partido que históricamente ha representado a comunidades de la Costa Caribe nicaragüense.

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En la misma situación se encuentra Steadman Fagoth, asesor presidencial para políticas hacia pueblos originarios, quien fue capturado por el Ejército el 15 de septiembre de 2024 en el municipio de Waspam, Caribe Norte. Según denuncias, su detención ocurrió días después de criticar públicamente la invasión de colonos a territorios protegidos, una práctica que, según comunidades indígenas, cuenta con la complicidad del régimen.

Fagoth fue acusado por el Ejército de planear el presunto robo de armas oficiales, una acusación que organizaciones indígenas califican como parte de una estrategia de criminalización del liderazgo comunitario.

Denuncian represión sistemática

“Los liderazgos indígenas en el país están arrinconados. No tienen acceso a instituciones independientes para defender sus derechos ni canales seguros para denunciar las violaciones que sufren”, advirtió Hebbert desde el exilio.

Como parte de esta ofensiva, recordó que en agosto de 2023 fueron encarcelados ocho guardabosques comunitarios del territorio Mayagna Sauni As, también en la Región Autónoma del Caribe Norte. Tampoco ellos han podido recibir visitas de familiares ni confirmar su situación legal.

Los guardabosques fueron acusados por la Fiscalía de invasión a territorios indígenas, ataques a comunidades del Caribe y delitos como crimen organizado, usurpación de dominio comunal y aprovechamiento ilegal de recursos naturales. Además, se les vinculó con la masacre de 11 personas en el cerro Kiwakumbaih, ocurrida el 23 de agosto de 2021.

Las organizaciones demandan información urgente sobre el estado físico y legal de los detenidos, y reiteran que su detención, sin garantías mínimas, constituye una forma de desaparición forzada.