Ortega y Putin pactan blindaje mutuo por sus crímenes ante la justicia internacional

Los regímenes de Daniel Ortega y Vladimir Putin han pactado un acuerdo de “protección recíproca” para sus ciudadanos ante lo que califican como “abusos” de la justicia internacional. La maniobra de Rusia y Nicaragua apunta a blindarse mutuamente frente a investigaciones y eventuales juicios por crímenes de guerra, lesa humanidad y otras violaciones graves de derechos humanos.

Aunque el contenido completo del acuerdo no ha sido divulgado, el título oficial "Acuerdo entre la República de Nicaragua y la Federación de Rusia sobre la Protección Recíproca de los Ciudadanos contra los Abusos en el Ámbito de la Justicia Internacional" deja clara su orientación: obstaculizar cualquier intento de rendición de cuentas desde organismos judiciales internacionales.

Para formalizar la firma, la dictadura de Ortega y Murillo otorgó “plenos poderes” a Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, a través del Acuerdo Presidencial No. 80-2025 publicado este jueves en La Gaceta, Diario Oficial. Laureano fue designado para suscribir el documento en representación del Estado de Nicaragua como “Representante Especial de los Co-Presidentes para los Asuntos con Rusia”.

Impunidad por decreto

Aunque el decreto no especifica los mecanismos de protección ni los alcances jurídicos del acuerdo, el contexto deja entrever su intención: evadir posibles procesos judiciales internacionales contra altos funcionarios de ambos regímenes.

Rusia enfrenta múltiples señalamientos por crímenes de guerra en Ucrania, incluyendo una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Vladimir Putin. Por su parte, la dictadura de Ortega y Murillo ha sido acusada por crímenes de lesa humanidad ante organismos como la ONU, tras años de represión sistemática contra la población civil desde abril de 2018.

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Este nuevo acuerdo da continuidad a una declaración conjunta firmada en abril de 2024 por Laureano Ortega y el canciller ruso Serguéi Lavrov, en la que ambos gobiernos acordaron desconocer sanciones internacionales y fallos judiciales derivados de lo que llaman “medidas coercitivas unilaterales”.

En esa declaración, se comprometieron a no aplicar ni reconocer sanciones impuestas por “terceros Estados”, y a rechazar cualquier sentencia dictada por tribunales internacionales que afecte a personas o bienes de sus gobiernos.

“Cualquier sentencia extranjera que surja de la aplicación de leyes, órdenes y reglamentos nacionales que impongan medidas coercitivas unilaterales a otros Estados no debe ser reconocida ni ejecutada por los tribunales nacionales”, señala el documento suscrito con Rusia.

Una alianza entre regímenes señalados por atrocidades

Este acuerdo con Rusia no es un gesto diplomático más: es un pacto entre dos gobiernos acusados de atrocidades, que se cierran filas para evitar rendir cuentas ante la comunidad internacional.

Además de ignorar pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y expulsar misiones de la ONU, el régimen de Ortega ahora se alinea con uno de los principales violadores del derecho internacional contemporáneo.