CIDH urge al régimen permitir visitas a los presos políticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado urgente al régimen Ortega-Murillo a que permita que los presos políticos tengan contacto con sus familiares, “hijas e hijos en condiciones dignas, seguras y conforme a los estándares internacionales y la legislación nacional”.

El organismo internacional defensor de los derechos humanos dijo en un comunicado emitido este viernes que el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua de la CIDH recibió información sobre “la persistencia de deplorables condiciones de detención, de hechos de maltrato, aislamiento, incomunicación y la falta de acceso a atención médica oportuna, adecuada y especializada de las personas detenidas en El Chipote”, muchas de ellas beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH y medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque los carceleros del régimen autorizaron visitas hace dos semanas, tras 45 de incomunicación, los familiares lograron confirmar que los métodos de tortura y tratos crueles en contra de sus parientes no solo persisten, sino que se han agudizado. Denunciaron que los mantiene aislados, que son custodiados por funcionarios hostiles, les redujeron la cantidad de alimentos y bebidas que reciben y no los llevan a enfermería cuando lo necesitan, además que les niegan medicinas.

AFECTACIÓN A MENORES

La CIDH dijo además, que han recibido denuncia relacionadas a “la permanente negativa de las autoridades para garantizar la comunicación de las personas detenidas con sus hijas o hijos, debido a la restricción absoluta de visitas por parte de personas menores de edad, de llamadas, así como del intercambio e ingreso de correspondencia, fotografías, dibujos y mensajes”.

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El organismo señaló que acciones de este tipo “afectan de manera desproporcionada a niñas y niños pequeños, quienes no han tenido comunicación por más de seis meses con sus madres o padres, por lo que sufrirían afectaciones psicológicas y emocionales”.

En su comunicado, la CIDH le recordó al régimen que la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de niñas, niños y adolescentes a la familia y que la privación de la libertad de sus progenitores no debe ser considerada, en principio, razón para la restricción indebida del contacto directo de modo regular.

“La Comisión resalta que este contacto es crucial para la satisfacción de sus necesidades emocionales, de bienestar, seguridad, y para el desarrollo de su identidad. Por tanto, el Estado debe permitir de forma urgente el contacto de niñas y niños con sus familias y establecer las medidas necesarias para que los encuentros se den en las condiciones adecuadas conforme a su interés superior”, demandaron.

CONTRA TRATO DEGRADANTES

La CIDH señaló que “conforme a los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir y enviar correspondencia, sujeto únicamente a aquellas limitaciones compatibles con el derecho internacional; y a mantener contacto personal y directo, mediante visitas periódicas, con sus familiares, representantes legales, y con otras personas, especialmente con sus padres, hijos e hijas, y con sus respectivas parejas”.

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Algunos familiares que visitaron a sus parientes en el Chipote a finales de abril, denunciaron que las autoridades policiales mantuvieron vigilancia de los encuentros todo el tiempo, que les tomaron fotos y videos y en más de una ocasión, les exigieron posar y hasta dar muestras de afecto para registrarlas. Antes fueron sometidos a requisas más abusivas que durante visitas anteriores.

El organismo recordó al respecto que la visitas familiares, como las visitas íntimas, son un elemento fundamental del derecho a la protección de la familia reconocido en el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“El Estado tiene la obligación de facilitar el contacto entre las personas detenidas y sus familias, así como de respetar los derechos fundamentales contra toda interferencia abusiva y arbitraria. Las visitas familiares deben de realizarse por lo menos, con la periodicidad señalada por el Reglamento Penitenciario y en condiciones dignas y que de ninguna manera resulten degradantes”, recordó la CIDH.

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Hasta el 30 abril reciente, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabiliza 182 presos de conciencia en Nicaragua, todos condenados a penas de entre 7 y 13 años en procesos celebrados a puertas cerradas y acusados de delitos políticos que nunca fueron debidamente probados.

Tres diputados del Parlamento Europeo pidieron esta semana sanciones contra los 14 jueces responsables de enjuiciar y condenar a los presos políticos. La iniciativa la enviaron al Alto Representante de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell.