La resolución del Parlamento Europeo toca uno de los "nervios" de la represión

La resolución aprobada por el Parlamento Europeo este jueves, que mandata al Consejo Europeo sanciones en contra de 14 jueces y tres magistrados orteguistas, fue recibida entre agradecimientos y escepticismo por diversos sectores de oposición del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Para los europarlamentarios, los operadores de justicia se han “convertido en el brazo de la represión y responsables de las violaciones a los derechos humanos”.

Para la Eurocámara, los fallos judiciales ilegítimos confirman la “deriva represiva del régimen nicaragüense”.La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) agradeció y consideró sumamente importante la aprobación de la resolución del PE, la cual toca “uno de los nervios motores de la represión en Nicaragua que son los jueces y magistrados”.

Ana Quirós, miembro del Consejo Político de la organización política, cuyos principales dirigentes están presos y condenados, declaró que la resolución recoge el “papel nefasto de 14 jueces y tres magistrados en la represión y en el castigo a los opositores que hoy guardan cárcel”. "Los jueces juegan un rol fundamental en la condena de los opositores", dijo.

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La resolución aprobada con 524 votos a favor, 17 en contra y 29 abstenciones, insta a los estados miembros y al Consejo de Seguridad de la ONU a abrir una investigación formal a través de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad.

“Esta resolución da un paso adelante al solicitar la investigación por parte de la Corte Penal Internacional a estos jueces señalados y al régimen de Ortega por crímenes de lesa humanidad”, expuso Quirós, quien agregó que la resolución además demanda la liberación de los más de 182 presos políticos.

El abogado y exsindicalista del Poder Judicial, Yader Morazán, señala que la resolución es un "golpe" al Poder Judicial, ya que dicha resolución va dirigida específicamente contra jueces que son considerados cooperadores necesarios en actos que pueden considerarse crímenes de lesa humanidad.

"Sin lugar a dudas la credibilidad del Poder Judicial ya está afectada a nivel internacional", menciona Morazán, quien resalta el cuestionamiento que hacen a la independencia del Poder Judicial. Además, consideró que los jueces a quienes tildó de "operadores represivos", en la "cadena de represión" son los que tienen "más conciencia de los crímenes por ser profesionales del derecho".

"Son los responsables más consientes de la represión en todo el país", señala el abogado.

NO TOCAN LAS FINANZAS DE ORTEGA

Los parlamentarios indicaron que, a la luz de las actuales circunstancias, la Unión Europea debe activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, que puede llevar a su suspensión en caso de faltas graves a los derechos humanos.

El economista y sociólogo Oscar René Vargas, por su parte, considera que la activación de esta cláusula si tendría efectos, pero considera que la UE no lo hará ya que el bloque europeo está preocupado por la invasión rusa a Ucrania y “esta resolución es como para salir del paso, para decir, sí es importante Nicaragua, pero sin tomar ninguna resolución concreta”.

“Lo mismo pasa con Estados Unidos, los Estados Unidos también sanciona, pero no toman ninguna resolución que tenga un efecto concreto, porque el efecto concreto sería tocar el dinero que tiene esta gente en el extranjero y de eso no hay ninguna resolución”, considera el economista.

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Agrega que cualquier sanción que no toque directamente las finanzas del régimen, Ortega “se la pasa, no tiene ningún problema. Por eso es que no creo mucho en estas resoluciones”. “Son sanciones personales que no tocan el Poder Judicial como tal, si golpearan al Poder Judicial, a la Policía, al Ejército, el Parlamento Europeo no ha tocado al Ejército. Esas serían sanciones  que tendrían efectos, pero sanciones a personas individuales tienen efectos mediáticos, pero no políticos concretos”, apuntó Vargas.

Los parlamentarios europeos reafirmaron su petición para que Ortega derogue el combo de leyes represivas que aprobó la Asamblea Nacional desde finales del 2020, como la Ley de Ciberdelitos, Agentes Extranjeros y la reforma al Código Penal entre otras, las cuales restringen los “espacios cívicos y democráticos”.