La dictadura se alista para llevar a la cárcel a monseñor Álvarez, el Cenidh insta a la Iglesia a ver las señales

La dictadura de Daniel Ortega ha dado el primer paso para trasladar a la cárcel a monseñor Rolando Álvarez, el obispo de la Diócesis de Matagalpa que este jueves cumple 15 días de encierro policial. Así lo avizora la doctora Vilma Núñez de Escorcia, abogada y cofundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), ante la “oficialización” del arresto del sacerdote Óscar Benavides, párroco de la iglesia Espíritu Santo del municipio de Mulukukú, Caribe Norte.

Núñez, identifica un cambio en el método represivo que había seguido la Justicia Orteguista para encarcelar a miembros de la Iglesia Católica de Nicaragua, como es el caso de monseñor Leonardo Urbina, de Boaco, y del sacerdote Manuel Salvador García de la parroquia Jesús Nazareno, del municipio de Nandaime, en Granada; ambos procesados por delitos comunes.

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 “Ya no hay el subterfugio de inventarle un delito común para desprestigiarlo a nivel personal; el encarcelamiento del padre Óscar Benavides trasciende la agresión personal: es buscando cómo involucrar en una conspiración contra el Gobierno a toda la Iglesia", analiza la veterana defensora de derechos humanos.

El 17 de agosto, se conoció que el padre Benavides es "investigado" por un delito que el Ministerio Público omite, según consta en los registros judiciales. El ente acusador solicitó a la jueza Gloria María Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo Penal de Managua, ampliar el plazo de hasta 90 días de detención para "investigar" al religioso.

LA ALTA JERARQUÍA CATÓLICA DEBE ALERTARSE

En el caso, como víctima aparece la sociedad y el Estado nicaragüense. La doctora Núñez enfatiza que aunque no digan cuál es el delito que le imputan, es claro que "le están aplicando el procedimiento que han usado para perseguir y encarcelar a los candidatos presidenciales, a los dirigentes políticos empresariales y todos los demás presos políticos".

La defensora advierte que el uso de la cárcel, así como la intrumentalización del Poder Judicial y de la institucionalidad, "está escalando a un nivel más represivo (...) Es una cuestión completamente perversa, y la alta jerarquía de la Iglesia Católica de Nicaragua debe de hacer ese análisis", exhorta.

Ella observa claras señales de agravamiento de la represión a la Iglesia, y no solo a determinados sacerdotes: teme que el caso abierto contra el padre Benavides concluya que toda la Iglesia y sus miembros "está están involucrados en una conspiración para derrotar al Gobierno. Y ya no va a ser una declaración a través de un comunicado como lo hizo la impresentable Policía Nacional en contra de monseñor Álvarez, sino que lo van a formalizar a través de esos mecanismos represivos de la Justicia. Ojalá este no suceda", dice la doctora Núñez.

Monseñor Rolando Álvarez, de 55 años, se encuentra retenido en la Curia Episcopal desde el jueves 5 de agosto. La Policía ordenó encerrarlo mientras es "investigado" de supuestamente liderar un plan para desestabilizar el país.

En un comunicado, el obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, fue acusado de “organizar grupos violentos” y provocar zozobra. No existe ningún sustento legal que justifique tal retención.  

ORTEGA Y SU GUERRA CONTRA LA FE

La dictadura de Daniel Ortega pasaría del verbo a la criminalización y persecución de la Iglesia Católica, pues tras el estallido social de 2018, es acusada de ser parte del supuesto intento fallido de golpe de Estado, a como llama el oficialismo al operativo armado que lanzó contra los manifestantes para exterminar las protestas cívicas, entre ellos el ataque a balazos a la Parroquia Divina Misericordia, el 13 de junio de 2018. Desde ese año, la Iglesia ha sufrido más de 190 agresiones de todo tipo, documentó la investigadora Martha Patricia Molina.

Uno de los más simbólicos y ofesivos, fue la quema de la centenaria imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua, el 31 de julio de 2020. Un atentado, denunció el cardenal Leopoldo Brenes.

Núñez sostiene que el escenario actual es lo peor, teme una persecución abierta y que el proceso contra el párraco de Mulukukú sea un primer escalón para formalizar la acusación que les permita "sacar del encierro a monseñor Álvarez y llevárselo a la cárcel".