La CIDH dice que Nicaragua vive un régimen de terror

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado que mantendrá en su agenda de trabajo la crisis que vive Nicaragua. En una audiencia con 18 organizaciones de la sociedad civil, el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), se abordaron las recientes violaciones cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para Nicaragua de la CIDH, señaló que “la situación de los espacios cívicos públicos cerrados con acciones de extrema gravedad" tienen que ser evaluadas precisamente "por lo complejo, por lo duro" que se desarrollan bajo "un régimen de terror".

La relatora mencionó que a la hora de hablar del derecho de libertad de asociación, se le impide a la propia sociedad organizarse y buscar espacio para resolver los problemas y “cuando nos hablan de todos los datos de los distintos tipos de organizaciones donde se están afectando, dependiendo de cada una de esas organizaciones, derechos muy particulares de grupos especiales con factores de vulnerabilidad”.

En ese sentido, la CIDH se comprometió a “seguir acompañando” a Nicaragua, a la vez instó a que “Nicaragua necesita regresar la libertad de su gente, los presos políticos no pueden existir en países democráticos". "Nicaragua necesita abrir los espacios democráticos para que la comunidad internacional haga su presión por un país que se aparta de los principios democráticos”.

Más reacciones

Por su lado, el experto de Naciones Unidas, Clement Voule, hizo un recorrido por todas las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sobre todo las relacionadas a la restricción de la libertad de asociación.

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“Mi Relatoría ha denunciado la preocupación por el uso de leyes indeterminadas y conceptos jurídicos amplios en el derecho penal, como por ejemplo el terrorismo y delitos contra la seguridad, para restringir derecho a aquellos ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de asociación, como ha ocurrido en el caso de Nicaragua”, apunta.

También dijo que ha recibido información de que el régimen utiliza delitos como tráfico de armas para restringir y castigar el ejercicio de la libertad de asociación, lo cual considera va en contra de la obligación de los estados, de garantizar los derechos de la libertad de asociación y a la reunión pacífica

La funcionaria del organismo de derechos humanos abogó por una mayor atención a la situación de derechos humanos en Nicaragua: “Es importante que estos mecanismos del Sistema Interamericano le recuerden a Nicaragua que deben promover estas libertades fundamentales”.

Los 18 organismo de la sociedad civil nicaragüense expusieron la problemática que se vive en el país en cuanto a la situación de la libertad de asociación, y la respuesta de la Comisión fue que ratifican su compromiso de mantener en la agenda de trabajo la situación del país.

En esta audiencia hablaron sobre las expropiaciones ilegales que el régimen Ortega Murillo ha hecho a diversos organismos, asimismo, señalaron que documentaron agresiones violentas contra periodistas que cubrían los allanamientos y que resulta extremadamente grave y preocupante la persecución política contra las organizaciones y personas pertenecientes a ellas o que tengan cualquier forma de vinculación.

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En cuanto al impacto del cierre masivo de las organizaciones, apuntan que “tiene graves impactos sobre la población nicaragüense, los miembros y trabajadores de las organizaciones y la cooperación al desarrollo, hasta el punto de que las restricciones impuestas ya no solo suponen violaciones a derechos humanos, sino que tiene serios impactos humanitarios. Con 53 de las organizaciones canceladas se ha reflejado la reducción de 41.9 millones de dólares en ejecución anual de proyectos de desarrollo, la pérdida de más de 2,000 empleos formales y la desatención de más de 1,000,000 de personas beneficiarias”.

Peticiones de los nicaragüenses

Las organizaciones que participaron pidieron que se mantenga el monitoreo y la supervisión sobre la violación de derechos humanos en Nicaragua, también que se puedan agilizar los trámites de medidas, peticiones de medidas cautelares provisionales, pero que no solo las otorguen, sino que supervisen el cumplimiento por parte del Estado de Nicaragua.

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También solicitaron fortalecer la coordinación con los mecanismos del sistema universal y con el mecanismo de rendición de cuentas. “Pedimos que no dejen de demandar la solicitud de ingreso de la Comisión Interamericana como de la Oficina del Alto Comisionado al país, este es un derecho que tenemos pensando en la liberación de las presas y presos políticos que corren tanto riesgo”, señaló Haydée Castillo.

Finalmente, el presidente de la sesión, Stuardo Ralón, respondió que el compromiso en el pleno de la Comisión y sobre todo de la relatora de país, Esmeralda Arosemena, es brindar el máximo apoyo posible “en el marco de nuestras competencias y seguiremos haciéndolo, sabemos que ante el cierre de los espacios nacionales son precisamente la función de los organismos internacionales los puntos de apoyo en donde se puede encontrar la salida a esta situación lamentable”.