Biden mantiene la crisis de Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos

El presidente Joe Biden amplió este jueves la vigencia de la emergencia que declara a la crisis en Nicaragua como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos.

En una carta enviada a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al presidente del Senado, Patrick J. Leahy, Biden informa sobre su decisión de prolongar la Orden Ejecutiva 13851 dictada en 2018 por el entonces presidente Donald Trump. 

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“La situación en Nicaragua, incluida la respuesta violenta del Gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, y el continuo desmantelamiento sistemático y el socavamiento de las instituciones democráticas y el estado de derecho por parte del régimen de Ortega-Murillo, su uso de la violencia indiscriminada y las tácticas represivas contra los civiles; así como su corrupción que conduce a la desestabilización de la economía de Nicaragua sigue planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, declaró Biden.  

Esta violencia generalizada, la corrupción y la crisis económica de Nicaragua está empujando a más nicaragüenses a salir del país. Más de 164 mil migrantes llegaron a la frontera sur entre el 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022.

SANCIONES AL ORO

La declaración de la crisis de Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos continuará en vigor más allá del 27 de noviembre de 2022. 

En la renovación de la medida, Biden hace referencia a la Orden Ejecutiva que emitió el 24 de octubre pasado donde le otorga al Departamento del Tesoro la autoridad “para perseguir a ciertas personas que operan o han operado en el sector del oro de la economía en Nicaragua, y cualquier otro sector identificado en consulta con el Secretario de Estado”.

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La ampliación de esta medida se conoce cuatro días después de las elecciones municipales en las que el Frente Sandinista de Daniel Ortega se adjudicó las 153 alcaldías del país con los principales opositores en prisión.