Defensores públicos, otro eslabón en la cadena de represión política

La Defensoría Pública y sus funcionarios deberían de estar también sancionados por la comunidad internacional, porque al igual que otros operadores de justicia como magistrados, jueces, fiscales y policías, “son un elemento más en la cadena de represión de la dictadura”, aseguran abogados consultados por DESPACHO 505.

El pasado 14 de enero, la directora de la Defensoría Pública, Clarisa Ibarra, saludó el Día Nacional de los Defensores Públicos enalteciendo la labor de "nuestro buen Gobierno", en referencia al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha impuesto la defensa pública a prisioneros políticos, todos condenados por la Justicia orteguista.

"Los defensores públicos están invisibilizados en el sentido que aún no han sido sancionados, pero contribuyen a la represión estatal, permiten que los presos políticos se mantengan detenidos arbitrariamente y bajo condiciones de tortura", manifestó a DESPACHO 505 un abogado independiente que ha defendido a reos políticos, pero solicita el anonimato.

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NO SON IDÓNEOS PARA LOS PRESOS POLÍTICOS

Las palabras de la directora de la Defensoría Pública alabando al régimen Ortega-Murillo evidencian que los defensores públicos que actúan en los casos de los presos políticos "son cómplices y parte del andamiaje o estructura represiva del aparato de justicia nicaragüense", indicó otra abogada.

Los profesionales señalan que los defensores públicos están regidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial y, por tanto, son dependientes de este, a pesar de que tienen su normativa y reglamentos propios.

Como ellos son parte del aparato del Estado, y como se supone que en la mayoría de los casos de los presos políticos la supuesta víctima es el Estado, los defensores públicos "no generan confianza entre los reos políticos y sus familiares", explica uno de los abogados.

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Los defensores públicos están llamados a brindar asistencia gratuita a personas de escasos recursos, y cuando lo solicitan los familiares de los presos, pero, en los casos de los reos políticos, han intervenido sin que se los pidan.

"Varios de los presos políticos y sus familiares han hecho el esfuerzo de pagar los servicios de un abogado particular, de su confianza, pero los jueces no lo han permitido, sino que les asignan defensores públicos", indicó un defensor privado.

NO DEFIENDEN

Los juristas también aseguran que a las audiencias de los presos políticos los defensores públicos no llegan a defenderlos, "porque no contravienen las inconsistencias que contienen las acusaciones y la falta de prueba de los hechos que se acusan".

"Dejan al reo político en un estado de indefensión, independientemente de que el defensor público esté en la audiencia, porque no es imparcial y no vela por los derechos y garantías del detenido. Además, tampoco informan a los familiares. Estos desconocen qué sucede con su familiar", especificó la jurista consultada por DESPACHO 505.

El otro abogado también criticó que los defensores públicos no informen de la situación de los casos a los familiares de los presos políticos.

"No les informan del estado de las causas, de las programaciones de juicio, no les hablan de los elementos de pruebas, de las valoraciones médicas, no hay una comunicación efectiva, no están ejerciendo una función acorde a los principios de la Defensoría Pública", denuncian.