Aumenta a 245 la cantidad de presos políticos en Nicaragua 

La cantidad de presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua aumentó a 245 en el mes de enero con la detención de 10 opositores, según un informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

Ahora, se ha impuesto un nuevo patrón que consiste en encarcelar a familiares de presos políticos por demandar su libertad.  

“El Mecanismo incluye en el total de este mes de enero a 10 personas (6 hombres y 4 mujeres) reconocidas como personas presas políticas capturadas entre noviembre de 2022 y enero de 2023”, detalla el informe.  

Entre las personas detenidas se encuentran activistas territoriales, familiares de personas presas políticas e integrantes de la Diócesis de Matagalpa. Son acusados de delitos como conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.

MÁS NOTICIAS | El próximo 28 de marzo iniciará el juicio contra monseñor Álvarez

La lista de 245 presos políticos incluye a 10 personas detenidas antes del estallido social de abril de 2018.  

Un total de 61 personas están recluidas en El Chipote: 16 personas estás en delegaciones municipales de la policía y 12 en casa por cárcel; 146 se encuentran recluidas en los distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional. 

Hay especial preocupación por las 40 personas presas políticas mayores de 60 años de edad, que presentan afectaciones de salud.  

Continúa aumentando el número de personas presas políticas procedentes del departamento de Matagalpa. Siendo este el tercer departamento con más presos y presas políticas actualmente, luego de Managua y Masaya. 

REPRESIÓN CONTRA FAMILIARES 

En Nicaragua, la prisión política trasciende a los familiares, quienes también son víctimas de la represión del Estado desde hace muchos años, cuando el régimen comenzó a utilizar mecanismos tales como hostigamientos, persecución y amenazas.  

“La dictadura les hostiga y les persigue con el objetivo acallar sus voces y disuadirles de seguir con sus formas de lucha y resistencia por la libertad y justicia de sus familiares presos y presas”, señala el informe.  

MÁS NOTICIAS | Presos políticos declarados culpables en Carazo

Durante estos años, las familias han sufrido en sus viviendas asedio de policías, agentes paraestatales y vecinos simpatizantes del régimen, persecución, vigilancia, agresiones físicas, insultos y amenazas de muerte a través de redes sociales.  

También han sufrido amenazas por medio de pintas estigmatizantes en los muros de sus casas. Asimismo, han sufrido vejámenes por parte de autoridades y custodios de los centros penitenciarios y estaciones de policías, donde están recluidas las personas presas políticas.  

Los tratos crueles, degradantes e inhumanos algunas veces ha llegado hasta el maltrato físico, así como retenciones por varias horas, sometiéndolos a prolongados interrogatorios. En algunos casos han sido víctimas de detenciones arbitrarias y de violaciones a su derecho de libre circulación para entrar o salir del país.