“Muerte civil”  a los presos político es una “grave violación” al principio de legalidad, advierte Calidh

El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) ha advertido a la comunidad internacional que la inhabilitación perpetua que el régimen de Daniel Ortega está aplicando a los presos políticos constituye una grave violación a la garantía de una sentencia justa, imparcial y motivada en base de derecho. 

Además, viola el principio de legalidad pues la figura de “inhabilitación perpetua para el ejercicio de los derechos políticos” no existe en la legislación nicaragüense y es contraria al espíritu de la Constitución Política de la República de Nicaragua y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

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En ese sentido, ha expresado su condena y preocupación ante la nueva modalidad de vulneraciones a los derechos de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua. Estas consisten en ampliaciones de sentencias condenatorias que tienen por objetivo adicionar penas accesorias que “inhabilitan de manera perpetua el ejercicio de los derechos ciudadanos”. 

El organismo, con sede en Argentina, subraya que los “derechos ciudadanos” que estarían siendo objeto de inhabilitación perpetua son los estipulados en la sección de derechos políticos de la Constitución (artículos 47 al 55), dentro de los que se encuentran, además del derecho a elegir y ser elegido para cargos públicos, los derechos a la libertad de expresión, derecho a la reunión, derecho a la asociación, entre otros.

“De tal modo, el Centro observa que estas penas accesorias constituyen una muerte civil para las personas condenadas y que se extenderían a un tiempo posterior incluso al cumplimiento de la condena, lo cual resulta inaceptable”, dijo, a la vez menciona que a pesar de que se introdujo la prisión perpetua mediante una controvertida reforma constitucional, observa con gravedad que el Estado de Nicaragua ya no procede sobre las penas de las leyes que diseñó especialmente para castigar a las voces disidentes y opositoras, sino que ahora se inventan directamente.

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Varias fuentes han informado a este medio que el Poder Judicial está aplicando la medida a todos los presos políticos procesado desde 2018. La medida ha sido tildada de «inconstitucional» por los juristas, ya que la perdida de los derechos civiles es una pena accesoria que no puede durar más del tiempo de condena para el sentenciado. Por otra parte, personas allegadas a los reos políticos indicaron que se trata de evitar, tras una posible liberación de los presos políticos, que puedan participar en política y futuros procesos electorales.