La dictadura manda a la Policía a “robarse” las instalaciones del Grupo Venancia en Matagalpa 

Decenas de agentes de la Policía Orteguista y de la Procuraduría General de la República (PGR) se tomaron este miércoles por la fuerza las instalaciones del Grupo Venancia, ubicadas en el barrio Guanuca, en la ciudad de Matagalpa. El edificio pertenece a la organización civil.

La organización, que fue ilegalizada de manera arbitraria por la Asamblea Orteguista el 30 de junio de 2022, considera que el allanamiento de las instalaciones “es una muestra de la violencia estatal en contra de nuestros derechos”. También cree que las leyes del país “son papel mojado”.

“Esto es un robo, ni siquiera es una confiscación, porque no están cumpliendo los procedimientos legales para ello. Nos despojan del local, pero no de nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos en toda su extensión”, denuncia el Grupo Venancia en un comunicado en el que reiteran que trabajaron por más de 31 años en el norte del país.

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La feminista María Teresa Blandón indicó que el despojo de las instalaciones al Grupo Venancia es un acto más de abuso, ilegalidad y represión por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los bienes de los organismos y fundaciones no le pertenecen al Estado de Nicaragua. La Constitución Política de Nicaragua en su artículo 44 prohibe, de hecho, las confiscaciones.

“Ortega y Murillo al igual que en la década de los 80 están despojando a la sociedad civil de bienes que no le pertenecen”, expone Blandón, directora del programa La Corriente, cuyas instalaciones también fueron confiscadas en julio de 2022. 

Blabón denuncia que Ortega es un violador de la Constitución y es fuente de ilegalidad y "esta es la situación que lamentablemente está enfrentando la sociedad nicaragüense".

ESPACIO DE AYUDA A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA

El Grupo Venancia recuerda que sus instalaciones eran una “casa abierta” para la discusión, reflexión feminista y empoderamiento personal y colectivo de las mujeres de las zonas rurales de diversos departamentos del país.  

“También ha sido un espacio para la sanación de las heridas que deja la violencia atendiendo a mujeres, y niñas víctimas y sobrevivientes, y una tarima para promover la cultura, el arte y el activismo en esta ciudad”, señala el Grupo Venancia.

Además de defender los derechos de las mujeres, el Grupo Venancia brindaba acompañamiento en la denuncia que realizaban personas de la comunidad LGBTQ+ y un punto de encuentro para celebrar el orgullo sin ningún tipo de discriminación.

“Aunque ya no estemos físicamente en ese lugar, las semillas que desde ahí fueron sembradas siguen multiplicándose. Reiteramos que, aunque cerraron nuestras puertas, de ninguna manera borrarán nuestro compromiso por una patria libre de violencias en todas sus dimensiones”, reiteró la organización.

MISMOS ARGUMENTOS PARA CANCELAR PERSONERÍA JURÍDICA

Las razones que utilizó el Parlamento para cancelar la personería jurídica de la organización es que violó la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, al tener sus juntas directivas vencidas y no reportar estados financieros con desglose detallados de ingresos y egresos.

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Además la dictadura usó el argumento de no reportar las donaciones provenientes del extranjero, ni informar de la identidad y origen de todos sus miembros donantes; nombres apellidos, cédula de identificación o pasaporte, dirección exacta del domicilio y teléfono.

El decreto de cancelación de personería jurídica expresó que los “bienes y acciones que pertenezcan a las Asociaciones/Fundaciones, tendrán el destino previsto en la Ley de la materia”. Es decir, que los bienes de estas organizaciones pasarán a manos del régimen Ortega-Murillo.