La dictadura impone por ley los destierros políticos en Nicaragua

La dictadura sandinista oficializó este viernes la pérdida de la nacionalidad nicaragüense de 222 presos políticos, incluyendo al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.

El presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), el sandinista Octavio Rothschuh Andino, leyó la resolución que despoja a los 222 presos políticos de la nacionalidad nicaragüense.

En la lectura de la resolución judicial, el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, sustentó la decisión de la dictadura de Daniel Ortega en la recién aprobada Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense y en la reforma del artículo 21 de la Constitución política, aprobado en primera legislatura.

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"En cumplimiento de la resolución dictada las 9:40 minutos de la mañana en nueve febrero de 2023, hemos ordenado la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 222 personas que fueron declaradas traidores a la patria conformidad Ley número 1145, Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense", indicó Rothschuh.

DE CARCELEROS A DESTERRADORES

La resolución firmada por los tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Managua, alega que la pérdida de la nacionalidad nicaragüense es porque participaron en el supuesto golpe de Estado contra Ortega.

La dictadura también invocó "el artículo primero de la Ley 1055 que establece que los nicaragüenses que encabeza o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomente o insten actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera, que inmiscuyan en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, organicen con financiamiento de potencia extranjera para ejecutar acto de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestión en bloqueo económico, comerciales, de operaciones financiera", para retirar la condición de nicaragüense.

RESOLUCIÓN CARECE DE LEGALIDAD

Un abogado consultado por DESPACHO 505, sostiene que las 222 personas desterradas siguen siendo nicaragüenses, ya que las leyes no son retroactivas, salvo que sea en beneficio del reo, y la Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense, fue aprobada cuando los ciudadanos ya habían salido del país.

La Ley especial de pérdida de la nacionalidad nicaragüense fue aprobada la mañana de este jueves y señala que las personas que son sentenciadas bajo la Ley número 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, pierden la nacionalidad nicaragüense.

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El artículo 20 de la Constitución Política de Nicaragua señala que “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad, excepto que adquiera voluntariamente otra; tampoco perderá su nacionalidad nicaragüense cuando adquiera la de otro país centroamericano o hubiera convenio de doble nacionalidad”.

“Entonces no puede venir la Asamblea a crear una ley que va en contra de la Constitución porque es inconstitucional, tendrían que reformar ese artículo y decir que los nicaragüenses si pueden (perder su nacionalidad) y sería el primer país en el mundo que sus ciudadanos la pierdan”, expresó el experto.

Considera que esperan que esta Ley será recurrida por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien cree engavetará dichos recursos.