Gremial regional pide a Ortega otorgar al Cosep el derecho de apelar y defenderse

La Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Fedepricap) expresó su respaldo al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) que, junto a sus 18 cámaras, fue disuelta este lunes. Una medida que pone en peligro la institucionalidad gremial, la libertad de asociatividad y representatividad en Nicaragua, advirtió la gremial regional.

“Hacemos un enérgico llamado al Gobierno nicaragüense para que reconsidere esta resolución y se respete el derecho de apelación y defensa de las gremiales empresariales afectadas”, señala el comunicado de la entidad centroamericana.

Asimismo, la gremial recuerda a Ortega que la libertad de empresa, de expresión y los derechos civiles son la base de la democracia y la apertura a la inversión, necesarios para la generación de empleo y el desarrollo económico y social de la población.

“Consideramos que esta lamentable decisión (cancelar las 19 organizaciones) pone en peligro la institucionalidad gremial, la libertad de asociatividad y representatividad en el hermano país de Nicaragua, interfiriendo además con las libertades”, alerta Fedepricap en su comunicado.

SOLIDARIDAD CON ORGANISMOS CANCELADOS

La organización centroamericana se solidarizó con los 19 gremiales nicaragüenses “perjudicadas”.

Este lunes por medio de dos acuerdos, el Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica a 19 organismos empresariales, considerado el mayor golpe de la dictadura al empresariado privado.

En ambos acuerdos se acusa a las organizaciones de no completar el proceso de convalidación de registro, conforme lo establecido en la ley que regula a las organizaciones sin fines de lucro.

Según Gobernación, la información que presentaron tenía “inconsistencias”, como variaciones en cuentas sin justificar, diferencias de saldos sin soportes, no reportaron detalle de ingresos y gastos, desconociéndose el origen y ejecución de los fondos.

“Con estas acciones estos organismos no promueven políticas de transparencia en la administración y manejo de sus fondos; así mismo no han reportado estados financieros periodo fiscal 2022”, dice el documento oficial.

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El pasado 3 de febrero, Ortega también le canceló la personalidad jurídica a la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobap), fundada en junio del 1993, señalándola de incumplir la legislación por tener su junta directiva vencida y por no reportar estados financieros.

Estas cancelaciones se dan en base a la Ley 1115, Ley de organismos sin fines de lucro y sus reformas. Esta establece en caso de incumplimiento a dicha norma el Estado se queda con los bienes de las organizaciones canceladas.