Decenas de acusados por la dictadura están expuestos a ser despojados de su nacionalidad y bienes

La redada nocturna que ejecutó este miércoles la Policía Orteguista ha sido denunciada como una flagrante violación a los derechos y libertades de los ciudadanos, según organismos de derechos humanos, que advierten el riesgo de apatridia que corren las decenas de opositores acusados de “traición a la patria”.  

“Es probable que al ser acusados y condenados por traidores a la patria también sean despojados arbitrariamente de su nacionalidad y les estén enviando al exilio prácticamente”, advirtió el abogado Braulio Abarca del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. 

De la redada de anoche, Despacho 505 ha logrado confirmar de manera independiente la acusación por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” contra 30 personas incluidos dos periodistas, la madre de uno de los asesinados durante la represión del régimen en abril de 2018, líderes campesinos, abogados y defensores de derechos humanos.  

El pasado nueve de febrero la Asamblea Nacional dominada por el orteguismo aprobó de manera exprés una reforma al artículo 21 de la Constitución Política, referida a la nacionalidad nicaragüense.  

La reforma señala que la “adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes y “los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense”. Esta medida se ha aplicado desde entonces a 317 nicaragüenses, incluidos los 222 presos políticos enviados a Estados Unidos, aun cuando la reforma requiere que sea aprobada en dos legislaturas.  

El defensor de derechos humanos Pablo Cuevas señala que las detenciones de anoche fueron arbitrarias y que los 30 acusados no han cometido ningún delito. 

“Es un hecho que ya están condenados a menos que la dictadura disponga otra cosa. Estamos hablando de una condena de traición a la patria que implica la pérdida de la nacionalidad e incluso (confiscación) de todos sus bienes”, explica el defensor.  

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JUICIO ILEGAL, ARBITRARIO Y ABSURDO

Según defensores consultados por DESPACHO 505, el parqueo de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote, anoche se encontraba abarrotado por la presencia de decenas de patrullas en las que fueron traslados opositores de diferentes departamentos del país.

“Es evidente que la persecución es política. Evidentemente los procesos son nulos, ilegales”, apuntó Cuevas, quien denunció que los detenidos no contaron con la asistencia de un abogado, tampoco se conoció de la orden de un juez para su detención y fueron sustraídos de su juez natural.

Braulio Abarca, por su parte, recordó que la redada recuerda la que ejecutó el régimen en junio del 2021 contra los principales líderes de la oposición. Con este operativo el régimen pretende sembrar el terror y el miedo en contra de las personas para evitar cualquier tipo de crítica.

"Esto deja sin derecho a la defensa y pone en una situación de vulnerabilidad a todas las personas que son detenidas arbitrariamente y enviadas al Chipote sin ninguna garantía judicial", señala Abarca.

La mayoría de personas detenidas fueron enviadas a sus casas con la condición de presentarse a firmar todos los días ante un juez.

NUEVA ESTRATEGIA DE REPRESIÓN DE ORTEGA

María Teresa Blandón, despojada de su nacionalidad el pasado 15 de febrero, considera que los procesos penales abiertos son “ilegales, absurdos y arbitrarios”.

“Lo que estamos viendo es un nuevo formato de represión porque en esto la dictadura se supera cada día. Cada día encuentra una nueva manera de perseguir y amedrentar”, expone Blandón.

Según la feminista y socióloga, la dictadura mantiene una vigilancia constante contra ciudadanos e incluso los han buscado en sus casas con el propósito que abandonen Nicaragua.

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“Quieren dejar al país completamente en silencio y eso pasa por sacar a aquellas personas que ellos presumen que pueden estar informando o expresando su inconformidad ante la violación sistemática de los derechos humanos”, detalla Blandón.

Las detenciones evidencian que en Nicaragua prevalece el estado policial de facto, la impunidad y que Ortega controla el Poder Judicial.

DESARTICULAR CUALQUIER RASTRO DE LA OPOSICIÓN

El excandidato presidencial y desterrado político Félix Maradiaga considera que Ortega arrecia sus métodos represivos en contra de la población acosando y secuestrando a personas inocentes.

“La dictadura debe saber que sus acciones generan consecuencias. Así lo hemos hecho saber, exigiendo una fuerte respuesta de la comunidad internacional. Con sus propias acciones se ganan más sanciones”, advierte Maradiaga, quien se encuentra en Canadá en un encuentro de la Internacional Liberal.

Según Maradiaga, Ortega está poniendo en marcha la estrategia de desarticular cualquier rastro de oposición en Nicaragua, por pequeño que sea, para erradicar cualquier forma de resistencia local.

“De manera tal que cualquier acción externa contra el régimen, tenga menor impacto al interno del país. Va contra toda forma de organización social que a la dictadura le parezca que está al margen del aparato estatal”, apunta Maradiaga.

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Por eso insiste en que esta fase de resistencia las principales acciones se deben de poner en marcha desde el exterior para no arriesgar a los ciudadanos que están en Nicaragua, ya que el régimen sabe que hay una resistencia en “silencio y perciben mucha tensión en el ambiente”.

“Creen que en cualquier momento una chispa enciende la pradera. Por eso quieren seguir provocando el exilio del mayor número posible de opositores, y que la población que quede no tenga ninguna posibilidad de expresarse. Es una política del terror”, concluye el politólogo.