La CIDH pide saber el paradero de monseñor Rolando Álvarez

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este miércoles al Estado de Nicaragua a informar sobre el paradero de monseñor Rolando Álvarez. El llamado del organismo se da luego de que trascendiera a la opinión pública que fue sacado de la celda para su eventual envío a Roma.

Las últimas noticias que se conocen sobre la situación del obispo de Matagalpa es que ha rechazado la oferta de libertad a cambio de destierro y que habría sido retornado al Centro Penitenciario Nacional, el penal de máxima seguridad de Nicaragua, conocido como la cárcel La Modelo.

Hasta el momento, el único que se ha referido al revuelo que ha causado la filtración del destierro del religioso que es la voz más crítica de la Iglesia católica al régimen de Nicaragua ha sido el cardenal Leopoldo Brenes quien en breves declaraciones minimizó las informaciones, tachándolas de "especulaciones".

No obstante, diversas fuentes consultadas por distintos medios y agencias internacionales de comunicación han coincidido en que en las últimas 24 se ha negociado la expulsión del país del religioso, pero él no aceptó.

MÁS DE 26 AÑOS DE CÁRCEL

«Monseñor Rolando Álvarez no quiere salir de Nicaragua. Quiere ser libre, sin condiciones, en su país», dijo el obispo hondureño José Antonio Canales, quien ha dado seguimiento a la situación de su colega.

El obispo Rolando Álvarez en febrero pasado había rechazado la oferta de libertad vía destierro que ofrece Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua y que fue aplicada en ese momento a 222 presos políticos que fueron enviados a Estados Unidos.

La CIDH informó este miércoles que monitorea la situación del monseñor Rolando Álvarez y recordó que es beneficiario de medidas cautelares. Además, instó al Estado "a proteger la vida e integridad personal del monseñor, e informar sobre su paradero y condiciones de salud".

El obispo de Matagalpa fue condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel por delitos considerados traición a la patria y que, además del catigo de privació de libertad, implica la pérdida de la nacionalidad nicaragüense y de todos los derechos civiles y políticos.

Los condenados bajo esa figura, además, son sujetos del despojo de todos sus bienes en Nicaragua.