La muerte civil del juez orteguista no castiga la corrupción, es una "lección para los de adentro" y una evidencia del manoseo a la Justicia

La destitución e inhabilitación profesional del ahora ex juez de Distrito de Ejecución y Embargo de la Circunscripción Sur, Carlos Villalta Marenco, tiene un claro mensaje y no va dirigido a disuadir a aquellos violan la norma: es una lección de lo que le puede pasar todo aquel funcionario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se salga del esquema de corrupción establecido en ese Poder del Estado, coinciden especialistas.

“En este contexto con un Poder Judicial totalmente sometido no te diría que esto (la destitución) sea una señal de beligerancia o transparencia. Solamente muestra un poquito de la putrefacción de un sistema que está totalmente corroído por la corrupción”, opina el abogado Juan Carlos Arce, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Según Arce nada funciona fuera del esquema de corrupción establecido y, por ello, todo el que se atreve a actuar por su cuenta es castigado. No para corregir el delito sino para que sirva de ejemplo a los demás.

“Generalmente las sanciones contra los funcionarios se limitan a la destitución, han sido pocos casos en los que han optado por procesarlos, ¿sabes por qué se hace de esa manera? Porque en un sistema normal para procesar se requiere de investigar, y aquí no interesa la investigación” porque esto saca a flote el mal de raíz, alega Arce.

VILLALTA ERA PARTE DEL CÍRCULO DE LA EXMAGISTRADA ILEANA PÉREZ

Según el exfuncionario judicial Yader Morazán la corrupción es un secreto a voces en el Poder Judicial, pues todos los que hacen parte de esta institución saben quiénes son los corruptos y cómo funciona todo el engranaje.

Explica que ese Poder del Estado cuenta con un sistema donde los abogados y ciudadanos pueden interponer quejas contra jueces por actos de corrupción o malas prácticas profesionales, pero esas quejas las tramitan “hasta que ya les incomoda por alguna razón, y son esos procedimientos disciplinarios que mantienen abiertos por corrupción son que los echan a andar”.

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En el expediente que abrió la CSJ contra Villalta hay al menos 10 denuncias en su contr. Una de ellas fue presentada por una ciudadana a la que el funcionario le pidió 40 mil dólares a cambio de cumplir con  la entrega de un bien inmueble ubicado en el municipio de San Jorge, Rivas.  Según la denuncia, el dinero lo necesitaba para pagar a jueces y policías. 

“En el caso del juez Villalta ya se veía venir porque era parte del círculo de corrupción que tenía instaurada Ileana Pérez en el sur del país y Carlos Villalta era uno de los emisarios o intermediarios en monitorear las decisiones que bajaba la magistrada Ileana Pérez”, detalla Morazán.

Ileana Pérez, presentó su “renuncia” al cargo de magistrada de la CSJ en octubre del 2022, argumentando razones de salud, pero extraoficialmente se maneja que el régimen de Daniel Ortega la destituyó tras ocho años de ejercer el cargo. Desde entonces la Corte Suprema funciona solo con 10 magistrados en funciones, de 16 que fueron electos en abril de 2014. 

OTROS INVOLUCRADOS

Morazán, quien también es especialista en Administración de Justicia,  considera que habrá más destituciones de jueces. Defiende su tesis recordando que hace un año la casa de Villalta fue allanada sin que se dieran explicaciones de la decisión.

Indicó que cada uno de los magistrados tienen a su cargo circunscripciones y en ellos establecen círculos de confianza que utilizan para ejecutar las diferentes acciones. 

“Las órdenes de desalojo sólo se emiten con la autorización de la magistrados encargado de la circunscripción, y sólo se ejecutan con la ayuda o complacencia del jefe de la policía del departamento donde se llevará a cabo. Ambos en contubernio con los secretarios políticos de la zona. Es decir, es imposible un desalojo sin el acuerdo de ese contubernio”, declaró Morazán. 

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Carlos Villalta Marenco, por ejemplo, fue acusado en el Complejo Judicial de Rivas en noviembre de 2022 por el delito de lesiones imprudentes gravísimas por accidente de tránsito en perjuicio del motociclista Mario Ernesto Aguilar Sirias. 

El suceso ocurrió el 10 de septiembre de ese año, días después Villalta llegó a un acuerdo con los familiares del lesionado a quien le amputaron una pierna, pero el ahora el exfuncionario judicial incumplió el pago acordado y presentaron la acusación.

En diciembre del 2022 fue sobreseído definitivamente tras alcanzar un acuerdo de mediación con el afectado a cambio de un pago de 15 mil dólares.